Alberto Witvrun.- Sumergida en contradicciones desde hace cuatro años Lizbeth Robles Gutiérrez entendió después de ese largo periodo que había que hacer lo que la Ley de Movilidad y Transporte vigente desde 2018 mandata y con una política pública modernizar el transporte público de pasajeros en su segmento individual modernizar y establecer tarifas adecuadas para
concesionarios y usuarios de alrededor de 9 mil 500 taxis, lo que se proyectó en 2021 con
el programa Taxi Contigo.
Que era un taxímetro digital como lo acaba de anunciar y, prestar el servicio mediante
plataforma establecido en la legislación para evitar la operación de servicios como Uber,
que permitiría proteger la economía de este sector del que dependen no menos de 20 mil
familias, mediante la movilidad cotidiana en los 84 municipios de 2 millones de personas,
medida que en los siguientes dos años no le dará tiempo de concluir.
Si lo mejor para sus fines era cambiarle el nombre y la señalética a Taxi Contigo al que
habían aceptado los concesionarios y se empezó a aplicar a los 4 mil 500 taxis
metropolitanos o de plano cancelarlo e instalar un software o colocar taxímetros físicos
para hacer un cobro adecuado del servicio, no que ahora en lo que se aplica un nuevo
programa o se adquieren los aparatos, el servicio se mantendrá en la anarquía.
A menos que como medida urgente se regrese al viejo tarifario por zonas que se imprimía
en una cartulina, para reducir la posibilidad de abusos por parte de los operadores;
porque Robles Gutiérrez, no habló de tiempos y menos de si el gobierno estatal adquirirá
los taxímetros o si serán mediante aplicación si tendrán costo o no para los permisionarios
y en qué condiciones.
La incertidumbre continúa, lo único real es que el banderazo costará 45 pesos y 4 por
kilómetro, lo que por ahora no se puede medir, no hay forma de hacerlo y el usuario
seguirá a merced del operador, porque es como comprar un kilo de tortillas sin báscula y
el expendedor de cobre 23 pesos por 10 o 12 tortillas; aunque lo positivo de todo esto es
que la secretaria muestra síntomas de haber leído la legislación vigente.
