Alberto Witvrun.- Se requirió la intervención directa del gobernador Julio Menchaca Salazar para evitar un conflicto social que amenazaba movilidad, economía y productividad del estado, con el
anuncio en las siguientes horas del ajuste tarifario al transporte convencional público de
pasajeros en sus diferentes modalidades, que además de su importancia para las
actividades productivas tiene implicaciones electorales, que amenazaban con volverse
riesgosas para el partido en el poder.
Las alrededor de 20 mil concesiones impactan la economía de no menos de 30 mil familias
es decir en cifras llanas 120 mil familias, más la derrama que generan en consumos diarios
además de refacciones combustible y otros servicios; pero sobre todo en la movilización
de 2 millones de personas diariamente en los 84 municipios en zonas urbanas, suburbanas
y rurales.
El ajuste que sea, traerá inconformidades para una parte del sector y usuarios, unos dirán
que no alcanza y los otros que es alto; lo importante es el gobierno tomó una decisión con
base en estudios y análisis técnicos, obviamente con su carga política, pero rompe la
inmovilidad y falta de empatía de la secretaria Lyzbeth Robles Gutiérrez, mostrada desde
el conflicto de las extorsiones al transporte en Tizayuca por el Grupo Hijos de Diablo.
La política seguida por la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) ha sido
de persecución tratado de meter a la cárcel a quienes se han opuesto a sus
equivocaciones o para justificar errores propios, que generaron tensión en el sector, al
grado que otros secretarios están resolviendo los conflictos hasta llegar al gobernador la
decisión del ajuste tarifario.
El que mucho influirá en el proceso electoral del 2027, porque desactiva una campaña
natural anti gobierno de 20 mil operadores que tienen contacto diariamente con 2
millones de personas de las cuales el 50 por ciento son votantes; lo que nunca se ha
medido en la Semot y que es relevante a 13 meses de un proceso electoral importante.
