Alberto Witvrun.- Cuando se conoció que Santiago Nieto Castillo se haría cargo de la Procuraduría General
de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) semanas antes del relevo, fue señal de que se
cumpliría el compromiso de campaña de luchar frontalmente contra la corrupción, pronto
hubo noticias, hoy 13 ex funcionarios y ex alcaldes son procesados por desvío de recursos.
Otros se apegaron al criterio de oportunidad y están prófugos los ex secretarios César
Mora Velázquez y Atilano Rodríguez Pérez, recuperaron un ciento de millones de pesos,
ahora se espera que las carpetas se judicialicen y no sólo haya sentencias condenatorias,
también recuperación de dineros.
Lo que mucho mérito tiene, pero el cristal empieza a empañarse por dos casos que llaman
la atención ciudadana y requieren de celeridad para no generar dudas sobre la aplicación
de la procuración de justicia, que contribuirían a cambiar la percepción en este delicado
rubro, que es propósito serio del gobierno tras el actuar de los anteriores titulares.
La ciudadanía reprueba la práctica de: A los amigos, justicia y gracia; a los enemigos, la ley
a secas, porque existen casos convertidos en bombas de tiempo para el Golde Boy, que en
breve partirá a su natal Querétaro para ser candidato al Senado y que enarbola la bandera
política de Cero Tolerancia que se lleva de Hidalgo.
Uno es la denuncia contra Movilidad y Transporte (Semot) de 171 socios de la Ruta de
Aportación Téllez Hospitales que no se las aceptaron inicialmente por otorgar ilegalmente
una segunda concesión que viola doblemente la ley al ser por 5 años cuando las de
transporte masivo son por diez años y, desde el 14 de noviembre solo les dicen que se
está integrando.
En el segundo, la integración avanza con lentitud en las carpetas sobre los tres incidentes
que costaron siete vidas en el libramiento Real-Huasca, mientras directivos de las
empresas Vise y Coconal, presumen impunidad, en detrimento de la lucha del
gobernador, que además puede ocasionar un costo electoral para el partido en el poder.
