Alberto Witvrun.– Al mal gobierno del presidente municipal morenista de Tula de Allende Christian Martínez Reséndiz se le agrega su exceso de apoderarse mediante mayoriteo de la sindicatura jurídica que por principio debe estar en manos de otra fuerza política y su silencio respecto al proceso judicial abreviado mediante el cual su antecesor el perredista Manuel Hernández Badillo logro su libertad.
La señal, aseguran opositores y detractores huele a un acuerdo político y ofrecen como prueba la elección de delegado en Bomintzha donde hubo una abierta operación de los leales a Hernández Badillo, lo que ha se había mostrado en las elecciones del 2 de junio, para frenar a los candidatos del Partido del Trabajo (PT) que eran representantes del grupo Gran Sur que disputa el control de La Cruz Azul.
Martínez Reséndiz, no llegó con las mejores cartas de presentación al gobierno tulense, primero en una maniobra interna impidieron la postulación del empresario Noé Paredes Meza que optó por postularse como independiente y luego intentaron impedir la postulación por el PT de Eduardo Durán a quien tuvieron que restituirle la candidatura, aunque ya fue tarde para una campaña competitiva.
Esta operación atribuida al titular de Planeación y Prospectiva Miguel Ángel Tello Vargas, no fue suficiente para que Christina Martínez realice un buen gobierno, porque a su prepotencia y malas decisiones se agrega la inseguridad y violencia que sufre desde hace varios gobiernos municipales Tula de Allende, que además fue azotada por la inundación al desbordarse las aguas residuales del río Tula, de lo que los damnificados no terminan de recuperase.
La tensión social se agudiza a pesar de los anuncios presidenciales de emprender un proyecto de economía circular instalando una planta procesadora de desechos sólidos, además del programa integral para aliviar la grave contaminación regional que incluye 8 municipios y una superficie de 36 mil kilómetros donde habita una cuarta parte de la población de Hidalgo.
Por eso el silencio del presidente municipal que no reclama por lo menos que los 25 millones que Manuel Hernández Badillo pagó para lograr su libertad sean entregados al ayuntamiento tulense genera un mayor malestar ciudadano y hace crecer la sospecha de un oscuro acuerdo político que pone en riesgo la gobernabilidad en este municipio.