Alberto Witvrun.- Al borde de una crisis con un impacto sin precedente en la estabilidad social y la economía del estado a pesar de la anarquía y burocratismo que reina en la Secretaría de Movilidad y
Transporte (Semot), desde palacio de gobierno se ordenó la revisión de las tarifas del
transporte público convencional de pasajeros, que frena un movimiento con paros
estratégicos y suspensiones programadas de servicio.
El incremento en las tarifas no solo es necesario, es urgente, porque el último se otorgó
en 2022 y tras el nombramiento de tres titulares en esa área: Víctor Osmid Guerrero
Trejo, Elías Fernández Chequer y José Antonio Pérez Sánchez, este desde marzo de este
año, con enfrentamientos de los dos primeros con la secretaria Lyzbeth Robles Gutiérrez,
todo se paralizó en esa área.
No sólo lo único que se activó fue una estrategia recaudatoria y represiva en contra
concesionarios y operadores, sin importar que las 15 mil concesiones de taxis y colectivas
permiten la movilidad de más de un millón de usuarios mediante un promedio de dos
millones de viajes diarios y el transporte público de pasajeros es estratégico para la
economía y la productividad del estado.
Se estima que del transporte convencional dependen alrededor de 20 mil familias y
generan economía por el consumo de combustibles, llantas y refacciones, además de
consumos adicionales y que permite la movilidad de trabajadores, alumnos e incluso
traslado de mercancías, además de que la revisión de tarifas no es un favor de la
autoridad, esta establecida en la ley vigente desde 2018.
Por lo pronto la decisión del Ejecutivo, destensa la relación con este estratégico sector,
que pese a la presión de absorber los incrementos, no llevó a cabo protestas y se han
conducido por los canales institucionales a pesar de la cerrazón y falta de empatía en la
Semot; ahora que el aumento en las tarifas tal vez no sea el esperado por el sector, pero
será un alivio para su afectada economía, eso sí deberán mejorar el servicio.
