Manuel Castellanos / Erick Morales.- Mientras la diputada local Karla Perales Arrieta, propuso prevenir incrementos en el precio de la tortilla y fortalecer la seguridad alimentaria, ante presiones en costos de producción el secretario general de la Cámara Nacional de la Industria de Producción de Masa y Tortilla (CNIPMT) Martín Martínez, advirtió que el aumento en los combustibles y harinas se suma a las cargas fiscales y laborales de los últimos 3 años, lo que puede reflejarse en un incremento en este alimento.
En Hidalgo operan alrededor de 12 mil tortillerías de las cuales mil 500 están afiliadas a la CNIPMT, que han mantenido un precio de 24 pesos o menos en la entidad y, no descartó un incremento a pesar de ello los industriales realizan un esfuerzo y diseñan estrategias paraque no suceda, pero puntualizó que cada vez es más difícil, aunque reconoció que es un alimento base de la dieta de los mexicanos, pero no se encuentra en la Canasta Básica desde 2018 cuando la sacó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y está sujeta a la oferta y demanda.
Agregó que en Hidalgo se tiene un consumo per cápita de tortillas de 130 gramos, lo que da un promedio de 390 toneladas diarias de tortillas en la entidad estimando que la población es de acuerdo con el último censo de 3 millones 83 mil 841 habitantes
Desde tribuna del Congreso local la legisladora Perales Arrieta afirmó que, no apuesta a la confrontación, sino por soluciones, recordando que ya enviaron un escrito a la Presidencia de la República para plantear medidas ante el posible encarecimiento del alimento básico.
La legisladora destacó que la tortilla es central en la dieta nacional, siendo el 84.9 por ciento de los hogares la consume y cada persona ingiere alrededor de 66 kilogramos al año; además, el sector genera empleo para cerca de 79 mil personas y enfrenta alzas en energía, gas, renta y logística.
Advirtió que el producto representa 6.9 por ciento del gasto alimentario familiar, por lo que cualquier aumento impacta de forma directa, especialmente en hogares con menores ingresos. “Aquí hay una cadena completa presionada: el costo del maíz, los energéticos, el transporte, la inflación, el impacto climático”, señaló, al cuestionar: “¿Y quién paga esa diferencia?”.
Perales Arrieta llamó a equilibrar la cadena productiva y a garantizar el derecho a la alimentación; el acuerdo exhorta al Ejecutivo federal a reforzar acciones de seguridad alimentaria y a dependencias como Economía, Agricultura y Profeco, a establecer mesas de diálogo y evaluar apoyos que eviten incrementos injustificados.