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    Once desafíos realistas para disminuir los poderes facticos en la comunicación, el clientelismo y la violencia contra periodistas

    7 julio, 2022 Miradas de Reportero
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    Por Rogelio Hernández López
    Es muy agradecible el estudio sobre el sistema de medios de comunicación en México que difundió al
    iniciar julio el Centro de Medios y Estudios de Comunicación (CMDS) del Instituto de la Democracia de
    la Universidad Centroeuropea porque sopesa avances y faltantes en la regulación posible y sin el tufo de la
    polarización política actual de otros análisis académicos recientes.
    Los tres grandes males
    Desde la introducción el estudio resalta las tres principales limitantes que padece la ciudadanía mexicana
    para su pleno acceso a una información plural y libertad de expresión: el poder fáctico de grandes
    corporativos de medios, la persistencia de prácticas clientelares de gobiernos y la violencia contra
    periodistas que ha creado zonas vastas de silencio.
    “Desde hace décadas –se afirma en el estudio– el sistema de medios en México enfrenta dos problemas
    estructurales clave:
    “1) altos niveles de concentración del mercado y;
    “ 2) prácticas clientelares como parte de un sistema de mutuo beneficio entre el poder político y el poder
    económico-mediático. (…)
    “Aunado a esto, el manejo de la seguridad en términos de narcotráfico y crimen organizado, así como su
    relación con el Estado desde el 2006, ha desencadenado un contexto de violencia extrema hacia el
    ejercicio periodístico en el país.”
    Los autores
    La confiabilidad del estudio y análisis los aportan los patrocinadores y sus autores directos.
    El estudio se llama Matriz de Influencia de Medios. México. Gobierno, Política Y Regulación.
    https://www.researchgate.net/publication/361670376_MATRIZ_DE_INFLUENCIA_DE_MEDIOS_MEXICO
    El Equipo de investigación lo formaron tres expertos conocedores de la realidad mexicana: Argelia Muñoz
    Larroa, investigadora de postdoctorado en Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma
    Metropolitana-Cuajimalpa; Rodrigo Gómez, profesor en esa misma universidad sobre industrias y
    políticas de la comunicación y coeditor de la serie de libros Global Media Giants de Routledge; y Juan
    Larrosa-Fuentes, doctor de la universidad de Temple, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y
    profesor en el ITESO de Guadalajara.

    El estudio sobre México fue promovido por el Centro de Medios, Datos y Sociedad (CMDS) como parte
    del Proyecto Matriz de Influencia de los Medios que está dirigido por el consorcio académico Media &
    Power Research Consortium, con académicos. instituciones (universidades y centros de investigación),
    ONGs, redes de periodismo y fundaciones privadas. Y en este caso apoyado por la Universidad Pública de
    Santiago de Compostela, la más longeva de Galicia (España).
    México ha avanzado
    Los autores describen con detalle y valoran avances logrados en México en el sistema de medios de
    comunicación.
    “Una serie de reformas en los últimos 20 años y, en particular, la reforma constitucional en materia de
    telecomunicaciones del 2013, eje central de este reporte, han sido resultado de la presión de la sociedad
    civil, la academia y de actores políticos.
    “En el contexto de los problemas estructurales arriba mencionados, estas reformas han significado avances
    regulatorios en materia de:
    “ a) competencia económica,
    “ b) convergencia e inversión,
    “ c) cobertura y acceso,
    “ d) pluralidad y diversidad cultural (i.e., medios públicos y comunitarios),
    “ e) derechos humanos (de las audiencias, al acceso a la información y a la libertad de expresión, a la
    salud, a la educación).
    (…) “Si bien, una de las fortalezas de la reforma del 2013 fue la creación del Instituto Federal de
    Telecomunicaciones, encargado de regular la competencia económica del sector con autonomía del
    Gobierno, persiste la influencia no regulada de los intereses económicos, políticos y mediáticos de facto.
    “Después de tres años de la actual administración de izquierda de López Obrador (2018-2024) destacan
    cambios como:
    “- la reducción del gasto en publicidad oficial – aunque este sigue siendo discrecional y concentrado en
    pocas empresas – y parte de ese presupuesto ha sido destinado a un plan de seguridad social para
    periodistas;
    “- se ha cambiado la estrategia de seguridad a una estrategia de paz, sin embargo, esta no ha repercutido
    aún en los altos índices de ataques a periodistas y;
    “- el Estado ha tomado control del despliegue de las redes mayoristas que garanticen el derecho
    constitucional de acceso universal a la banda ancha, no obstante, es temprano para evaluar sus efectos en
    cuanto al cumplimiento de las metas para cerrar la brecha digital.”
    Sus once propuestas
    Los autores sostienen que “existen aún desafíos, rezagos, inercias y pendientes que no han terminado de
    materializar los objetivos de la reforma constitucional del 2013 y otras reformas, en el sentido de
    democratizar la comunicación y garantizar los derechos a la libertad de expresión e información. Estos son
    los principales desafíos para atender:”

    • El sistema de medios mexicano permanece como uno de los más concentrados del mundo ( y se debe
      considerar como poder fáctico).
    • La brecha digital está lejos de cerrarse dada la falta de cumplimiento de las metas planeadas por los
      gobiernos.
    • Las inversiones posteriores a la reforma se han comportado por debajo de las expectativas y en
      comparación con otros países (excepto por la reciente inversión en la red 5G).
    • Los medios públicos continúan siendo vulnerables a la discrecionalidad presupuestaria y la influencia
      editorial de los gobiernos federales o locales en turno y a la toma de decisiones unilaterales y verticales de
      quienes dirigen dichos medios, además de su reticencia a rendir cuentas.
    • No se ha incorporado el importante criterio de pluralismo para la asignación de concesiones de
      televisión digital y radio comerciales y sociales.
    • Persisten prácticas clientelares, un ejemplo de ello es el retraso en la reforma a la Ley General de
      Comunicación Social para regular la publicidad oficial mandatada por la Suprema Corte de Justicia de la
      Nación al Congreso de la Unión para antes del periodo ordinario del 2021. Al ser discrecional el sistema
      actual afecta al ejercicio de derechos y daña la pluralidad mediática.
    • Sigue pendiente la implementación del marco legal que devuelva a las audiencias la totalidad de sus
      derechos derivados de la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
    • Los avances en mecanismos legales y de protección a la libertad de expresión no han resultado en la
      disminución de la violencia en contra de los periodistas. (Nota de RHL: los autores no valoran el proceso
      de consulta para la Ley General que obligará a los gobiernos de los tres niveles a proteger periodistas y
      defensores de derechos y modificará varias leyes vinculadas).
    • Es necesario el diseño de una política pública transversal y multisectorial en materia comunicativa y
      digital…
    • A pesar de los avances en la autonomía de los reguladores respecto a los gobiernos, la influencia no
      regulada de los intereses de facto económicos, políticos y mediáticos, persisten. Es necesario, por ejemplo,
      una ley de cabildeo apropiada que establezca qué sí es legal y qué no, que vigile a los organismos
      autónomos y no autónomos y genere contrapesos a la presión de grupos de poder.
    • Sigue pendiente el nombramiento por parte del Ejecutivo de los comisionados faltantes para completar
      el pleno del IFT para que pueda cumplir con todas sus atribuciones. Asimismo, que se realicen las
      propuestas para reformar lo que la actual administración considera como aspectos onerosos, ineficaces o
      necesarios para mejorar el funcionamiento del organismo autónomo.
    • Es pertinente la autocrítica, la profesionalización y el establecimiento de evaluaciones de las
      instituciones reguladoras para ajustar sus estrategias, generar contrapesos y establecer coordinación entre
      ellas para cumplir mejor con sus objetivos.
      Hasta aquí los desafíos que identificaron los especialistas. Para quienes se interesan en la comunicación,
      sobre todo la política, el documento de 47 páginas les será bastante útil y sobre todo confiable porque su
      espíritu mayor es el interés porque la ciudadanía, la población mexicana toda, pueda ejercer esos derechos
      reconocidos en la mayoría de países como son los de informarse con suficiencia y oportunidad, así como
      poder tomar decisiones y expresarse cada día con mayor libertad y responsabilidad. Mirada de reportero.
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