Alberto Witvrun.- El secretario de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) Salvador Cruz Neri reportó que gracias a la intervención de las fuerzas estatales se evitó que el asalto oficialmente allanamiento a las instalaciones de la Sociedad Cooperativa de Cemento Portland La Cruz Azul en Jasso, Tula de Allende pasara a mayores porque hubo disparos de armas de fuego.
Lo que difiere de la realidad; la intentona para recuperar las instalaciones instrumentada, aunque lo nieguen por la dupla de Víctor Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez, más allá de que tengan o no razón, fue frenada por cooperativistas, trabajadores y familias de estos que viven en Ciudad Cooperativa La Cruz Azul.
El lunes las 6.20 horas recibí una llamada telefónica de un conocido cuyo padre es socio, quien apenas contesté me dijo “amigo Alberto, otra vez nos están pegando” narró rápidamente que estaban en las puertas de la planta “un chingo de malandros” nos estamos defendiendo más tarde en video llamada me mostró que sucedía en las instalaciones deportivas, me dijo que llamaron a la municipal y al 911 pero “no nos hacen caso”.
Confirme que la primera en llegar fue la policía municipal a quien entregaron a los que lograron detener y aseguró un autobús rojo y una camioneta blindada estacionados en la Glorieta del Cooperativismo y para las 10 de la mañana el número de detenidos pasó de 25 a 80.
Cuando llegó la policía estatal y la Guardia Nacional a casi a dos horas de iniciada la reyerta ayudó a que los detenidos fueran 120 porque los agresores al ser repelidos corrieron hacía todos lados y eso facilitó su “captura” en un 90 por ciento realizada por cooperativistas y habitantes.
Así que, como en abril y julio de 2022 fueron los cooperativistas quienes impidieron el “allanamiento” no la policía, que llegó cuando todo estaba controlado. Ahora que habría que saber cómo van las indagatorias de lo sucedido cuándo hubo 8 muertos, 11 heridos y 9 detenidos. Y si bien el gobernador tiene razón en afirmar que es un asunto entre particulares es urgente su gestión para que los tribunales resuelvan a la brevedad y pongan punto final a este conflicto agudizado desde 2018.
