Miguel Á. Martínez. Tula de Allende.- Por el incumplimiento de la obligación constitucional de rendir el informe anual sobre el estado que guarda la administración pública municipal, el 5 de septiembre integrantes del ayuntamiento solicitaron intervenir a la Contraloría, Congreso local y Órgano Interno de Control para determinar si existen responsabilidades administrativas.
La síndica jurídica María Guadalupe Rodríguez Cruz y los regidores Noé Paredes Meza, Ariadna Ivonne Ponce Sobrevilla y Janeth Martínez Mendoza cuestionaron que el segundo informe de gobierno municipal no se haya realizado en la fecha establecida por la Constitución Política del Estado de Hidalgo y la Ley Orgánica Municipal.
Los ediles señalaron que fue hasta el 6 de septiembre cuando se celebró una sesión extraordinaria de cabildo para abordar aspectos relacionados con la organización del informe, como la fecha, el recinto, la conducción del acto y la integración de una comisión de cortesía.
Esta circunstancia, a su consideración, evidencia que la organización formal del informe ocurrió después de que venciera la fecha ordinaria prevista legalmente.
El documento presentado por los integrantes del cabildo refiere que el artículo 144 en su fracción V de la Constitución estatal establece el 5 de septiembre como fecha para que las presidencias municipales rindan anualmente su informe; contempla también que, únicamente cuando exista una causa de fuerza mayor, el informe pueda realizarse en una fecha diferente, previa autorización del ayuntamiento y sin exceder al 20 de septiembre.
Ante ello, los promoventes solicitaron que se determine si la presidencia municipal acreditó oportunamente una causa de fuerza mayor que le impidiera cumplir con la obligación.
También pidieron que se investigue si existió algún acuerdo previo del ayuntamiento que autorizara modificar la fecha o si la determinación fue tomada posteriormente.