Jesús Castillo.- Intenso debate en el Cabildo capitalino tras la presentación de la iniciativa para reformar la Ley de Movilidad y Transporte estatal, por la regidora Karla Stephanie Mota Ulaje, que generó señalamientos de inviabilidad legal del regidor Manuel Canales Pérez.
La regidora de Movimiento Ciudadano (MC), Karla Mota Ulaje, argumentó que el debate sobre el transporte público se estancó en el costo de operación, dejando de lado que las familias gastan uno de cada cinco pesos de ingresos en trasladarse.
Con base en cifras locales, expuso que la reforma beneficiaría a los 650 mil usuarios diarios, entre ellos 379 mil trabajadores y 269 mil estudiantes, mediante la creación de una «tarifa social» subsidiada y la ampliación de gratuidades para sectores vulnerables, como personas cuidadoras y menores de cinco años.
El regidor Manuel Canales Pérez señaló que, aunque el propósito de proteger la economía familiar es legítimo, el proyecto presenta severas deficiencias técnicas, jurídicas y financieras que impiden su aprobación en los términos planteados.
Advirtió que la propuesta viola la Ley de Disciplina Financiera debido a que carece por completo de un estudio de impacto presupuestario, un requisito obligatorio antes de plantear la creación de cualquier fondo de subsidios.
Asimismo, cuestionó la falta de claridad sobre cómo se compensaría económicamente a los concesionarios y operadores por los nuevos sectores exentos de pago, advirtiendo que replicar modelos fallidos de otros países solo provocaría el colapso y retraso en la operación del servicio local.
El asambleísta también exhibió un vacío legal en el diseño de la propuesta, ya que busca modificar la ley estatal, pero olvida adecuar el reglamento donde realmente se estipula el procedimiento tarifario.
Finalmente, la discusión concluyó con el envío de la iniciativa a comisiones, donde los regidores deberán analizar su viabilidad real.