Oliver García.- La Fiscalía Especial en Delitos de Corrupción de Hidalgo es una de las 29 en el país sin marco jurídico completo y con falta de independencia presupuestal, según el informe publicado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), que analizó los organismos estatales a partir de solicitudes de información vía Transparencia, entre 2019 y 2020.
En 2014, ante la gravedad de la corrupción en México, se realizaron reformas legislativas para combatirla y que dieron lugar entre 2015 y 2016 a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que fue integrado, entre otros por la Fiscalía Anticorrupción, modelo replicado en las entidades federativas para mejorar los procedimientos de prevención, investigación y sanción de estos ilícitos, dice el reporte presentado por el organismo con los datos recabados por Tojil.
En Hidalgo, el órgano carece de manual de procedimientos y reglamento interno. Tampoco tiene protocolos de investigación, de protección a testigos, de audiencias, de corrupción al interior y de entrega vigilada, menciona.
Aunque el nombramiento del fiscal es autónomo, pues en el caso de Hidalgo se realiza con la intervención del Congreso de Hidalgo, el ejercicio de su presupuesto depende la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo (PGJH) y del gobierno estatal. Su recurso disminuyó en los dos ejercicios fiscales de referencia: en 2019 se le etiquetaron 13 millones 921 mil 754 pesos, mientras en 2020 la suma fue de 10 millones 475 mil 969 pesos, es decir 25 por ciento menos.
Asimismo, es uno de los tres, junto con Guerrero y Sinaloa, sin facultades para solicitar información a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), por lo que deben hacerlo a través de la fiscalía general.
De un total de 450 investigadas iniciadas entre y, fueron judicializadas 16, de las cuales en 15 hubo una vinculación a proceso del imputado, cuatro asuntos concluyeron con solución anticipada y en una se dictó sentencia condenatoria.
Hidalgo fue uno de los estados que utilizó el “criterio de oportunidad”, es decir cuando se suspende la acción penal contra algún presunto a cambio de que éste aporte información para avanzar en las indagaciones del delito.
En la entidad la Fiscalía Especial en Delitos de Corrupción cuenta con cuatro MP adscritos, con lo que se encuentra entre las últimas siete del país; por el contrario, tiene cuatro peritos bajo su cargo, con lo que es el tercero más alto en la lista nacional, después de Sonora y Puebla, con 11 y siete. Tiene la novena posición en cuanto a número de policías, con seis efectivos.