José Antonio Alcaraz. Por instrucciones del gobernador de Hidalgo, Julio Ramón Menchaca Salazar, la Secretaría de Contraloría emprende la campaña a favor de la cultura de denuncia y protección al denunciante.
Esto a través del otorgamiento del “Criterio de oportunidad” y aplicación de la Ley de protección a denunciantes y testigos de hechos de corrupción, como parte de las investigaciones que se realizan por la malversación de recursos públicos en la “Estafa Siniestra”.
La idea es evitar violaciones de derechos humanos, hostigamientos, indemnidad laboral, represalias a ciudadanos y servidores públicos que combaten la corrupción con comunicación, así como el debido ejercicio de sus funciones.
Esto luego de advertir que muchos de los actores que están contra la corrupción, han sido amedrentados y están preocupados por las intimidaciones y ataques que sufren en redes sociales a fin de desalentar su actuación.
«Algunos pensarán que lo hace por venganza o por el interés de ser tratado con mayor condescendencia por la justicia, o incluso por afán de protagonismo, y pocos pensarán que la ética o los principios morales presiden tal iniciativa», se indica en el comunicado de prensa.
Mediante medidas como reserva de datos personales, protección policial, cambio de área, traslado a su centro de trabajo, evitar la participación física en las diligencias, atención psicológica, restricción personal y perimetral.
La preservación de sus condiciones laborales busca garantizar la confidencialidad, protección del anonimato, y fortalecer la cultura de la denuncia. Por ello, las medidas de seguridad, aplicación de tecnologías de información y comunicación para presentar las denuncias, protección para testigos y familiares de los mismos.
“Después de 93 años de corrupción e impunidad, el pueblo reclama incentivar la cultura de la denuncia y dar resultados reales y tangibles para que esto llegue a su fin”, señala un comunicado de la Contraloría de Hidalgo.
Por ello, en el gobierno de Julio Menchaca “hay resultados tangibles, muchos responsables están en la cárcel por lo que se debe proteger a auditores, testigos y a sus familiares.
En este momento hay cinco ayuntamientos con conocidos procesos judiciales y otros que se sumarán, hay exsecretarios, exfuncionarios de nivel y diversas empresas denunciadas y vinculadas”, se añade.
La cuestión de la protección de los denunciantes de corrupción se encuentra vinculada a la credibilidad; por ello, “cuando los detalles de la investigación salen a la luz con la colaboración de una persona, siempre encontraremos posturas antagónicas para calificarlo”, se indica.