Alberto Witvrun / Miguel Ángel Martínez/Tula de Allende.- Más allá del acuerdo judicial o político al que llegó el ex presidente municipal Manuel Hernández Badillo para conseguir su libertad al comprometerse a devolver el 25 por ciento de lo que de acuerdo a investigaciones y auditorias desvío en su beneficio, al municipio le debe reintegrar los 25 millones y el gobierno del estado resarcir los otros 75 millones, sostuvo Noé Paredes Salazar.
Regidor independiente y parte del Frente Cívico de Tula que denunció públicamente el peculado, abusos e irregularidades del entonces presidente municipal perredista, sostuvo que la intención no fue “meter a alguien a la cárcel” el reclamo era que se dejaron de efectuar obras y programas de beneficio a los tulenses y estimó que esa es la deuda no que el ex alcalde este o no en la cárcel.
Como principio los 25 millones de pesos deben ser devueltos al ayuntamiento y la lucha será ahora por recuperar los otros 75 millones desviados, porque, no puede cuestionar el proceso de juicio abreviado, porque no es abogado y menos experto en materia jurídica, pero la lógica indica que si se robó cien millones debiera devolver los cien millones.
Sobre el Frente Cívico de Tula al que pertenece, reconoció que esta en proceso de transición porque algunos de sus fundadores ocupan cargos de elección popular en Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) como el regidor Alfonso Rodríguez Fuentes y el diputado local, José Luis Rodríguez Higareda o Lino Ramírez Pineda, que aunque no es funcionario, su hija, Mónica Ramírez Cruz es regidora morenista.
Lamentó que al asumir un cargo cambien los criterios y opiniones de las personas que demuestran que no buscaban un beneficio para la población o que criticar a un mal gobierno sea sólo por posiciones partidistas, por eso llevarán a cabo un análisis al interior del frente, para que esta asociación siga defendiendo los intereses ciudadanos.
Paredes Meza, insistió en que el dinero recuperado debe ser reintegrado al ayuntamiento tulense y las autoridades deben dar una explicación a la sociedad sobre los términos del acuerdo judicial y el sentido que tomaron las auditorias sobre el resto de los recursos desviados que en diferentes momentos se dijo que alcanzaban los cien millones de pesos.