Miguel Á. Martínez. Tula de Allende.- Después de frenar el proyecto del Parque de Economía Circular (PEC), colectivos y organizaciones ambientalistas que argumentaron no representaba solución real a la contaminación, exigen al gobierno federal justicia ambiental para la Región Tula conformada por once municipios, ante la posibilidad de que el No, provoque retraso en programas y obras federales para revertir la emergencia ambiental.
Decidido el traslado a otro estado del PEC, se debe trabajar en proyectos educativos, culturales y ambientales que resarzan los daños históricos en esta zona.
Proponen al gobierno de la República trabajar en siete ejes o subproyectos para saldar la deuda con la región: la creación de un museo de arte y cultura; el rescate de la zona arqueológica de Chingú; una universidad politécnica; un parque de convivencia para el Valle del Mezquital; una reserva ecológica; la unidad deportiva regional y la creación de un lago artificial con áreas de esparcimiento para todos los municipios de la zona.
También hicieron un llamado a las autoridades para de manera conjunta con las comunidades, impulsar un cambio real en la región y reiteraron que defenderán su territorio, construyendo propuestas desde la comunidad, para que todo proyecto futuro sea socializado y sometido a consulta, para evitar procesos opacos y excluyentes.
Afirmaron que la decisión del “no” se dio de manera informada y consciente, ante el impacto negativo que, advirtieron, tendría el proyecto sobre la calidad del aire, el agua y el suelo, en una región que ya presenta altos niveles de degradación ambiental.
Reiteraron que su postura no es de confrontación con el gobierno federal. “No somos enemigos, somos aliados dispuestos a trabajar por la justicia ambiental”. La región atraviesa una emergencia ambiental que afecta a 500 mil personas, al concentrar fuentes contaminantes: refinería, cementeras, termoeléctrica y 300 industrias, que generan un “cóctel tóxico” con exposiciones crónicas y afectaciones a la salud.
El Colectivo Comunidades en Defensa del Medio Ambiente de la Región Tolteca y el Grupo de Ordenamiento Hídrico Colaborativo, fijaron una posición crítica, respaldada por la Agrupación Restauración y Justicia Socioecológica, el Movimiento No al Basurero y la Red de Consciencia Ambiental Queremos Vivir, así como los grupos comunitarios de Tula, Tlaxcoapan, Atitalaquia y Apaxco, Estado de México.,
El Movimiento No al Basurero señaló todo derivó en la consulta por falta de información técnica, de estudios de factibilidad y del Manifiesto de Impacto Ambiental, para evaluar la viabilidad del proyecto. Voceros de la Red de Consciencia Ambiental Queremos Vivir hicieron un reconocimiento público al gobierno federal por respetar la voluntad popular y permitir que la ciudadanía se expresara.