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    Buscan diputados activar Fiscalía de Investigación sobre tortura

    28 enero, 2022 Sociedad
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    Itzell Molina.- El Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso una iniciativa con proyecto de Decreto por el que se adiciona el artículo 15 bis 1 a la Sección II del Capítulo III de la Ley Orgánica del Ministerio Público del Estado de Hidalgo, con la finalidad de crear, así como poner en operación la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura.

    En este sentido, el diputado local, Octavio Magaña Soto, refirió que es necesario que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción cuente con una Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura, con la finalidad de que investigue los delitos previstos en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura.

    Además, de otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y tendrá las facultades y obligaciones establecidas en esa norma, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el Código, en los artículos 4 y 5 de esta Ley, en su Reglamento y las demás que reconozca el marco normativo aplicable.

    Puntualizo que dicha Fiscalía deberá ser integrada por agentes del Ministerio Público, policías o agentes de investigación, analistas de información, personal pericial, personas notificadoras, personal administrativo y auxiliares, quienes deberán cumplir con los requisitos de ingreso y permanencia que establece la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes

    Magaña Soto, recalcó que el Poder Ejecutivo deberá proveer administrativamente lo necesario para la creación y operación de la Fiscalía Especial para la Investigación del Delito de Tortura.

    Asimismo, la Fiscalía Especial para la Investigación de Delitos de Tortura conocerá de las averiguaciones previas y carpetas de investigación en trámite y las que se inicien con motivo de hechos con características de los delitos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes iniciadas con posterioridad al 25 de diciembre de 2017.

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