Juan Manuel Pérez.- El Poder Judicial del Estado de Hidalgo, a través del Fondo Auxiliar, ha dado pasos significativos para agilizar y mejorar el acceso a las pensiones alimenticias en beneficio de las familias hidalguenses.
Durante el primer año de administración de la magistrada presidenta, Rebeca Aladro Echeverría, se logró la recaudación y el pago de 129 millones 415 mil 915 pesos destinados a pensiones.
Estos fondos se distribuyeron en su mayoría a través de transferencias bancarias, asegurando así un proceso más rápido y eficiente para garantizar el derecho de las familias a recibir alimentos.
Según Isaías Parra Islas, director del Fondo Auxiliar, en total se pagan 34 mil 338 pensiones, la mayoría de las cuales se concentran en las ciudades de Pachuca, Tizayuca y Tula, pero la implementación de canales electrónicos bancarios ha revolucionado el proceso, permitiendo que las y los beneficiarios accedan prácticamente de manera inmediata a los recursos.
«Una vez que se realiza la dispersión del pago a través de transferencias, los beneficiarios pueden disponer del dinero de forma rápida y sencilla», afirmó Parra Islas.
Esta medida ha reducido significativamente la cantidad de cheques emitidos, en comparación con el periodo de la pandemia, lo que mejora la eficiencia del proceso y señala una transición hacia un enfoque digital más completo.
Además, las y los obligados a pagar pensiones alimenticias también tienen la opción de hacer depósitos, lo que ofrece una mayor flexibilidad en el cumplimiento de sus obligaciones.
Si bien las oficinas del Fondo Auxiliar continúan aceptando pagos en efectivo, tarjeta de crédito e incluso ofrecen opciones de pago a plazos, muchas personas prefieren la comodidad de realizar transferencias electrónicas y proporcionar comprobantes de pago de manera digital.
El Poder Judicial del Estado de Hidalgo reiteró su invitación a todas las partes involucradas a aprovechar los canales digitales disponibles y refrenda su compromiso en seguir mejorando y ampliando las alternativas digitales para facilitar los procedimientos, con la finalidad de garantizar que los derechos fundamentales de las familias se cumplan de manera oportuna y efectiva.