Alberto Witvrun.-Mauricio Delmar Saavedra quien fuera el Primer Inspector Comandante de la Inspección Fiscal Aduanera, que también tuvo su paso por la Policía Preventiva Municipal de Pachuca, desde que asumió la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) hace cinco años, no se ha cansado de asegurar que en Hidalgo no hay delincuencia organizada, sin embargo acontecimientos continuos en los últimos meses lo desmienten.
La fuga del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Tula de Allende de los hermanos José Artemio y Mariano Maldonado Mejía, el primero jefe de la organización Pueblos Unidos y otros 7 reos, mediante un asalto al penal, y semanas antes la detención en Ixmiquilpan de un grupo de 10 personas armadas que pretendían el rescate de una pareja accidentada donde la policía encontró armas y cartuchos, son los casos más evidentes.
A ello hay que agregarle la serie de ejecuciones sucedidas en diferentes puntos del estado y la revelación de la presidenta municipal de Actopan Tatiana Ángeles Moreno de recibir amenazas para ceder a la delincuencia la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, obligan al responsable estatal a dar una explicación a la sociedad sobre estos acontecimientos que elevan la preocupación de los hidalguenses.
El primer acontecimiento en este gobierno sucedió en la populosa Colonia Cuauhtémoc en la Calzada Veracruz, en mayo de 1917, donde dos personas fueron asesinadas y desde entonces se ha negado de manera sistemática la existencia de grupos de la delincuencia organizada en el estado, pero hay desde entonces una serie de delitos asociados a ese nivel de delitos.
La percepción ciudadana, requiere de respuestas reales y de estrategias responsables para reducir los efectos de estas ilícitas actividades, no solo de una narrativa que niegue por sistema que hay grupos que cometen delitos del fueron federal.