Jocelyn Andrade.- La controversia por el cargo de Síndica Procuradora Jurídica en Tula de Allende fue resuelto por el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo (TEEH), quien estimó que el cabildo actuó conforme a lineamientos legales al designar a María Guadalupe Rodríguez Cruz, a pesar de su negativa a asumir el cargo.
Según el tribunal, la inconformidad presentada por Rodríguez Cruz no incluyó razones suficientes para abandonar la responsabilidad. Durante la sesión, la magistrada Lilibet García Martínez explicó que el ayuntamiento realizó la designación tras una cadena de rechazos: tanto la propietaria del cargo como su suplente manifestaron no querer ejercer funciones.
Ante esta situación, se optó por elegir a otra persona de la misma planilla independiente, cumpliendo así con los criterios establecidos en sentencias previas. El tribunal sostuvo que, de acuerdo con el artículo 130 de la Constitución local, quienes deseen excusarse de ocupar un cargo público deben presentar argumentos sólidos y en este caso, la magistrada subrayó la importancia de garantizar la integración de los órganos colegiados.
Mencionó precedentes como el del Senado de la República, donde también se priorizó la funcionalidad institucional sobre objeciones personales sin sustento jurídico. Sin embargo, no todos los integrantes del tribunal compartieron esta postura, pues la magistrada Rosa Amparo Martínez Lechuga emitió un voto particular y se opuso a la decisión.
Afirmó que otra mujer regidora, también parte de la planilla independiente, cumple con los requisitos de género y origen, y sí desea ocupar el cargo.
Martínez Lechuga cuestionó que no se considerara a otros posibles aspirantes que sí expresaron interés en asumir la sindicatura, pues a su juicio, no se ponía en riesgo la legalidad de la integración del cabildo, ya que existía una opción viable dentro del mismo grupo político.