Miguel Á. Martínez. Tlahuelilpan.- El Informe Anual de Barandillas 2025, de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), evidenció un escenario alarmante en las áreas de detención municipal, al revelar que sólo Tlahuelilpan, de los 84 municipios de la entidad, alcanzó una evaluación aprobatoria sobre las condiciones en las que mantiene a personas detenidas por faltas administrativas.
El panorama estatal es preocupante al considerar que las 83 barandillas restantes fueron calificadas de regulares a deficientes, lo que refleja un rezago generalizado, así como una falla sistemática de los gobiernos municipales para garantizar condiciones dignas y el respeto a los derechos humanos en sus áreas de detención.
Pese a haber sido clasificada en color verde, la propia evaluación advierte que la barandilla de Tlahuelilpan no cumple de manera integral con los estándares en materia de derechos humanos, al presentar observaciones importantes que relativizan su aprobación.
El diagnóstico señala deficiencias estructurales en la operatividad y en la atención médica, dos rubros esenciales para salvaguardar la integridad física y emocional de las personas privadas de la libertad.
En el ámbito operativo, la CDHEH documentó un estado de fuerza limitado, situación que reduce la capacidad de control, vigilancia y atención adecuada al interior de las instalaciones.
Aun cuando la infraestructura fue considerada funcional, el informe detalla fallas persistentes en limpieza, mantenimiento e iluminación, condiciones mínimas que deberían garantizarse en cualquier espacio de detención.
El organismo también detectó omisiones graves en los procesos de registro, al advertir que el Informe Policial Homologado y el Registro Nacional de Detenciones se integran de manera incompleta o deficiente, lo que debilita los mecanismos de supervisión y pone en entredicho la transparencia institucional.
En materia de salud, aunque se constató la presencia de personal médico, la CDHEH subrayó la escasez de insumos, la falta de espacios clínicos adecuados y la ausencia de atención psicológica, carencias que vulneran el derecho a una atención integral de las personas detenidas.