Jocelyn Andrade.- El segundo embargo aplicado a las prerrogativas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Hidalgo derivó en señalamientos sobre un presunto intento para afectar las finanzas del instituto político, rumbo a los próximos procesos electorales.
La retención asciende a 149 mil 283.62 pesos y corresponde al cumplimiento de una resolución del Tribunal Laboral del Poder Judicial del Estado dentro del expediente 598/2023.
Federico Hernández Barros, representante del PRI ante el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH), atribuyó las demandas laborales a personas relacionadas con la dirigencia que encabezó Julio Valera Piedras; sostuvo que esas acciones buscan reducir la capacidad económica del partido y limitar su participación en las elecciones de 2027 y 2028.
Señaló que esta retención forma parte de una situación que, desde la visión del partido, ocurre de manera constante, pues cada descuento sobre las prerrogativas repercute en la operación interna y en la organización para el proceso electoral 2026-2027.
Manifestó que el PRI mantiene respeto por las resoluciones emitidas por las autoridades cuando existe sustento legal; sin embargo, afirmó que observa una secuencia de actuaciones con impacto directo sobre el financiamiento del instituto político.
Subrayó que las personas involucradas en los juicios laborales pertenecieron a la dirigencia encabezada por Julio Valera Piedras y después dejaron la militancia priista; por lo que el área jurídica continúa la impugnación por las vías correspondientes con el propósito de revertir las resoluciones.