Alberto Witvrun.-La Secretaría de la Función Pública (SFP), que exculpó a Manuel Bartlett Díaz de enriquecimiento ilícito por las 23 propiedades no declaradas, aplicó a la empresa Cyber Robotic Solutions, S.A. de C.V. de León Manuel Bartlett Álvarez la impresionante multa de dos millones de pesos y la inhabilitación por 24 y 27 meses como proveedor del gobierno federal por las irregularidades cometidas en la cancelada venta de 20 ventiladores mecánicos a la delegación Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La denuncia de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) metió en un embrollo a la dependencia, tanto que se quiso “corregir” la operación a la vieja escuela y el 6 de mayo personal de la SFP, de la empresa y del IMSS se encerraron en las oficinas de la delegación para “arreglar” los contratos; demasiado tarde el director de la Clínica 1 Luis Alberto Camargo
Cervantes se negó a recibirlos porque no cumplían con las normas y no hubo más remedio.
El problema no era solo el sobreprecio de millón y medio de pesos por cada uno, también porque como se comprobó después, unos eran de uso y otros tenían fallas y piezas deñadas, es decir que de haberse concretado la venta los 20 ventiladores hubieran puesto aún más en peligro la vida de los enfermos de Covid-19 que fueran conectados a ellos, lo que representa un acto criminal premeditado.
Pero como la empresa es del hijo del director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) uno de los puntales de la política energética del Presidente de la República, la Secretaría de la Función Pública, estimó que con dos millones de pesos y dejarla dos años fuera de los contratos, es suficiente, como si el Consorcio Bartlett no pudiera crear otra empresa como esta para seguir como proveedor del gobierno federal.
La sanción es risible, seguramente hará quebrar a las empresas de la familia Bartlett y sin duda una burla para la lucha contra la corrupción; eso sí fueron separados de sus cargos cuatro funcionarios de la delegación que sin exculparlos porque responsabilidad llevan al firmar y aprobar la asignación directa para la adquisición de los 20 ventiladores por 31 millones de pesos, la orden se sabe vino de oficinas centrales, pero no quien la dió.