Oliver García.- Liliana Mera Curiel, síndica jurídica del ayuntamiento de Pachuca, señaló que los Comités de Contraloría Social de las colonias, los cuales vigilan la aplicación de recursos en las obras del municipio, sean utilizados con fines políticos o electorales, pues pueden constituir un delito.
“Hago un atento y respetuoso, pero firme, llamado a mis compañeros asambleístas para que se mantengan al margen de la ley, se conduzcan con ética, y a no politizar la conformación de los comités de obra pública”.
En su calidad de representante legal de la alcaldía invitó a la población pachuqueña a informar “cualquier situación que infrinja la ley”, que sea cometida por cualquiera de quienes integran la administración municipal.
«Lo comento derivado de la inquietud y la preocupación que me han compartido los habitantes de las colonias de nuestro municipio», señaló la morenista sin especificar presuntos responsables.
Recordó que en los organismos el cargo es honorífico y deben estar integrados exclusivamente por personas beneficiarias de los proyectos.
Según la asambleísta, la contraloría social es un ejercicio de rendición de cuentas en el cual los ciudadanos organizados verifican la aplicación «legal, justa e imparcial» de recursos públicos en un proyecto u obra.