Alberto Witvrun.- No sorprende la renuncia de Santiago Nieto Castillo al encargo de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) donde su actuación es aceptable, pero se sabía que no iba a ser para todo el sexenio por su proyecto político y porque su contrato terminaría con la creación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo (FGJEH) que no podría asumir por no ser nacido en la entidad.
La judicialización de la lucha contra la corrupción emprendida desde la Secretaría de la Contraloría por Álvaro Bardales Ramírez, quien descubrió la red de lo que se conoce como la Estafa Siniestra, no es reto es obligación para el nuevo encargado que todo indica será el neolonés Francisco Fernández, por lo pronto hay trece implicados en prisión preventiva y vinculados a proceso y el desenlace será ante los juzgadores que dictarán sentencia y no será bueno si varios de ellos logran la exoneración.
También hay casos pendientes que deja el ex jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como el homicidio de Gerardo Sosa Cravioto que está por cumplir cuatro años el próximo mes, las carpetas de investigación por violencia en pandilla en contra de integrantes del Consejo Estudiantil Universitario (CEUEH) y la iniciada en contra de alumnos del Instituto de Arte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
No menos importante las investigaciones sobre los tres percances en el Libramiento de la Muerte y la denuncia en contra de la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot) por los 171 socios de la empresa Ruta de Aportación Téllez-Hospitales que si se le rasca un poco tiene implicaciones no sólo económicas también políticas por la composición de este grupo de transportistas. Así que el Golden Boy de la alineación gubernamental menchaquista, parte a Querétaro a su precampaña al Senado de la República, y se espera que rinda un informe de como deja la dependencia luego 16 meses de estar al frente de ella, para saber que se le tiene que exigir a quien ocupe su lugar y que no haya pretexto para una eficaz procuración de justicia en lo que el congreso aprueba la Fiscalía General y que herencia recibirá quien sea aprobado en su momento como el primer fiscal.