Alberto Witvrun.-A poco más de siete meses de que un juez de control del Estado de México obsequiara la orden de aprehensión en contra de Guillermo Álvarez Cuevas, los consejos de Administración y de Vigilancia, tomaron el control de la mayoría del complejo empresarial de la Sociedad Cooperativa de Cemento Portland La Cruz Azul, solo faltaría la planta de Tula de Allende, para que en los hechos concluya la era Billy.
Luego de muchos años de lucha y especulaciones en los últimos tiempos sobre la intervención de personajes cercanos a un ex gobernador, finalmente José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel por mandato judicial son presidentes de los consejos que administran esta empresa social, pero un grupo leal a Guillermo Álvarez, se niega a entregar la planta matriz.
Paulatinamente la dupla Marín – Velázquez han tomado posesión de las plantas de Puebla y Aguascalientes que operan como sociedad anónima y la de Lagunas, Oaxaca, mientras denuncian que la Resistencia Álvarez ha “robado” 160 mil toneladas de cemento “generando un quebranto de mil 250 millones de pesos” en perjuicio de los 10 mil 500 trabajadores de la empresa y piden la intermediación de Ejecutivo y Legislativo de Hidalgo.
Todo mientras la Interpol con base en una ficha roja busca en varios país a Billy Álvarez Cuevas y las autoridades judiciales buscan cumplir las órdenes de aprehensión contra Mario Sánchez, director financiero; Eduardo Borrell, director jurídico; Víctor Garcés, ex director jurídico de la Cooperativa; así como al abogado externo Ángel Junquera por ser partícipes de un multimillonario fraude.
El delito es administración fraudulenta en contra del patrimonio de la Cooperativa La Cruz Azul que se asegura asciende inicialmente a 2 mil 257 millones de pesos, que pueden aumentar conforme se audite cuantos recursos fueron ilícitamente transferidos a un fideicomiso, además de detectarse operaciones con empresas fantasmas, así continúa este conflicto que está en su etapa final.
No se descarta que la Resistencia Álvarez conformada por un reducido grupo de socios apoyados por personas ajenas a la cooperativa, busque un acuerdo extraoficial para que frenen las acciones judiciales contra Guillermo Álvarez a cambio de entregar la planta Tula, lo que se ve complicado y existe el riesgo de violencia para restaurar la legalidad, si no hay intermediación del gobierno del estado.