Alberto Witvrun.- Con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador la pugna por el control de la Sociedad Cooperativa de Cemento Portland La Cruz Azul se recrudeció con la persecución en contra de Guillermo Álvarez Cuevas, al que hacen caer con la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en mayo de 202 y la orden de aprehensión en julio del mismo año, lo que desató la confrontación entre los grupos de Víctor Manuel Velázquez Rangel-José Antonio Marín Gutiérrez contra el de Federico Sarabia Pozo-Alberto López Morales.
Los primeros se apoderaron de las plantas de Lagunas, Oaxaca y Aguascalientes, así como de las oficinas de Torres Adalid, el segundo mantiene dicen legalmente la planta insignia de Jasso, Tula de Allende; objeto de tres asaltos, con un costo el 26 de abril de 2022 de ocho muertos, 11 heridos y 9 detenidos, que nadie sabe qué pasó con ellos.
La disputa legal viene de la asamblea del 29 de septiembre de 2018, acusada de irregularidades, donde Velázquez y Marín fueron electos presidentes de los consejos de administración y de vigilancia; más tarde el 26 de agosto en asamblea con 550 de los 715 socios Sarabia y López son electos para los mismos cargos y desde entonces la disputa está en tribunales; mientras en la calle un trabajador fue atropellado en Oaxaca y otro asesinado en la colonia Narvarte, ambos del grupo Sarabia.
En esta disputa, con la de este lunes se han intentado tomar tres veces las instalaciones, se acusó a Julio Scherer Ibarra quien fuera jurídico de la Presidencia y la corrupción se jueces de la Ciudad de México de actuar en favor de Velázquez y Marín y la nueva intentona para tomar la planta Tula, obliga a la intervención del gobierno del estado.
Que no puede darse el lujo de un conflicto más en la región; suficiente es con la inseguridad, la presión para que declare la emergencia ecológica, la tensión cíclica por el río Tula y la percepción de ingobernabilidad del gobierno municipal como para una escalada de violencia por la disputa de La Cruz Azul. Se requiere gestión para que los tribunales resuelvan quien tiene la razón legal.
