Jocelyn Andrade.- El Instituto Nacional Electoral (INE) inició formalmente el periodo de precampañas para los cargos de diputados federales y senadores, el cual concluirá el 18 de enero del 2024.
En dicho periodo, los partidos políticos realizarán sus procesos internos para elegir a sus candidatos, y los actos públicos no deben tener llamados al voto de la ciudadanía, sino que solo deberán enfocarse en promoverse al interior de las militancias.
Tanto partidos como aspirantes deben observar el cumplimiento de procedimientos, que se debe acatar para dar certeza al proceso electoral, hacer posible la competencia equitativa y, por tanto, dar paso al voto libre e informado de toda la ciudadanía.
En sus obligaciones legales los partidos políticos, las precandidaturas, así como las personas servidoras públicas deberán cumplir con todas las obligaciones legales a las que están sujetas, tanto en materia de financiamiento y fiscalización como en lo relacionado con las condiciones de equidad en la contienda político-electoral.
En estos tiempos electorales, los partidos políticos deben designar candidatos en forma paritaria e igualdad, en este sentido deben generar las oportunidades de competencia para que mujeres y hombres puedan acceder a los cargos públicos con apego a los principios de igualdad y paridad.
Por lo anterior, el INE vigilará que cumplan las normas de fiscalización y estará atento a que tanto los institutos políticos como las precandidaturas reporten sus ingresos y gastos, notifiquen la realización de sus respectivos eventos de precampañas y permitan que el personal electoral pueda llevar a cabo la auditoría de los recursos empleados en los mismos.
Existen diversas restricciones, tanto para las precandidaturas como para los institutos políticos, entre estas realizar actos anticipados de campaña, incurrir en actos de violencia política de género, pedir o recibir recursos en dinero o especie de personas no autorizadas por la normatividad electoral, no presentar los informes de ingresos y gastos, y exceder el tope de recursos establecidos por la ley.