Miguel Á. Martínez. Tula de Allende.- Integrantes de la oposición en el ayuntamiento de Tula acusaron al gobierno municipal encabezado por el alcalde morenista Cristhian Evanivaldo Martínez Reséndiz, de utilizar recursos institucionales para desacreditar públicamente a regidores distintos al oficialismo.
La polémica surgió luego de la difusión de un video en las redes sociales oficiales del municipio, en el que se califica como “enemigos de Tula” a actores políticos que no forman parte del bloque mayoritario integrado por Morena-Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y el regidor Eduardo Durán Laguna, del Partido del Trabajo.
De acuerdo con los señalamientos, el material estuvo particularmente dirigido contra los integrantes de las fracciones Independiente, Verde Ecologista y contra la regidora petista Karina Chiapa Mendoza.
El hecho ocurrió en medio de un clima de confrontación política al interior del cabildo, donde en fechas recientes se han intensificado los señalamientos (fundados) entre la administración municipal y los grupos opositores.
Durante sesión, la regidora Nelly Mendoza Hernández cuestionó directamente al presidente municipal, por lo que denominó un “discurso de odio institucional”, el cual, aseguró, es replicado constantemente durante eventos públicos realizados en distintas comunidades del municipio.
La munícipe sostuvo que resulta preocupante que desde la autoridad municipal se promueva una narrativa que busca responsabilizar a la oposición de los problemas administrativos o políticos que enfrenta el gobierno local. Y afirmó que los regidores opositores no buscan obstaculizar el trabajo gubernamental, sino señalar irregularidades, omisiones o áreas susceptibles de mejora para que puedan corregirse en beneficio de la población.
Mendoza Hernández también hizo un llamado a la ciudadanía para no dejarse influenciar por mensajes que, a su juicio, buscan desacreditar a quienes mantienen una postura crítica frente a las decisiones de la administración municipal.
La regidora denunció que el alcalde habría solicitado públicamente a habitantes de algunas comunidades no permitir el ingreso de representantes de oposición a determinados eventos o espacios públicos, considerando que este tipo de conductas contribuyen a la polarización política y podrían constituir actos de violencia al fomentar la exclusión de actores públicos por motivos partidistas.
Finalmente, advirtió que quienes resulten responsables de los ataques difundidos desde medios oficiales deberán responder por sus acciones ante las instancias competentes.