Alberto Witvrun.-Cuatro años atrás en este espacio publicamos la operación en el entonces Instituto Estatal del Transporte (IET) instrumentada desde la Secretaría de Gobierno (Segob) entonces a cargo de Salvador Elguero Molina para emitir más de 900 concesiones de transporte público de pasajeros muchas de las cuales quedaron en manos de políticos y ex funcionarios, otras sirvieron para pagar favores a permisionarios relacionados con el Tuzobus, de las que quedaron fuera operadores y transportistas que por años las habían solicitado.
Aquella famosa operación Pago de Marcha que provocó protestas de los taxistas que acusaron de traición al saliente gobernador Francisco Olvera, vuelve a cobrar vigencia por la denuncia de personas que se dicen estafados recientemente por una persona que les prometió a cambio de 70 mil pesos unas “placas de taxis” cuando están suspendidas por la Secretaría de Movilidad y Transporte (Semot).
Y es que en la denuncia de los transportistas involucra el nombre de Francisco López Trejo quien fuera director del Registro Público del IET durante la gestión del capitán Roberto Terán Contreras, así como el de otros personajes: Álvaro Peña, Armando Solares y Jesús Ibarra, relacionados con la venta ilegal de concesiones, por lo que que solicitarán en los días siguientes la intervención de la secretaría, para evitar que haya más personas defraudadas.
La operación se lleva a cabo en un domicilio del fraccionamiento Real del Valle que es utilizada como oficina de la supuesta organización de transportistas que dice tener “protección política” y las relaciones para obtener concesiones de transporte público de pasajeros, no obstante que después de darse a conocer la lista de concesionarios se informó que las únicas expedidas por este gobierno fueron al Sistema DIF para transportar personas con discapacidad.
Habrá que esperar la reacción de las autoridades y en particular de la Semot, sí hay denuncia formal de los afectados a los que les hicieron creer que habría un pronto relevo en esa dependencia y que a partir de ahí les cumplirían con las concesiones comprometidas, porque lo recaudado se destinaría a campañas políticas, algo que era común en otros tiempos.
Y que el gobernador Omar Fayad se comprometió a erradicar transparentando el otorgamiento de concesiones a partir de estudios técnicos que determinen las necesidades de movilidad y de un proceso abierto, cancelando el tráfico de influencias y la corrupción en el otorgamiento de las “placas de taxi”.