Alberto Witvrun.- No se ha había encontrado una mejor definición para los integrantes del Clan Sosa Castelán que la que hizo Alfredo Rivera Flores autor del libro La Sosa Nostra, en el reconocimiento que un grupo de periodistas y amigos le hicieron al cumplirse 20 años de la presentación de este testimonio que marco un parteaguas en el ejercicio de la libertad de expresión en Hidalgo, que reunió a más de un centenar de representantes de la sociedad civil y jóvenes universitarios.
Cínicos, sin escrúpulos, les dijo, cuando le preguntaron la posición de defensores de la 4T que asumen los integrantes del clan postulados por el Partido del Trabajo (PT), que además se dicen perseguidos políticos del gobierno morenista de Julio Menchaca Salazar, queriendo borra su negro pasado priista, cuando balearon su casa, las instalaciones del diario Nuevo Día, asaltaban camiones refresqueros, cerveceros, saqueaban comercios, robaron maquinaria del ayuntamiento de Tlanalapa y quemaron la presidencia de Tulancingo.
Dicen que 30 de ellos están amparados, pero casos concretos tres, deben ser para evitar acciones de cuentas pendientes: los ex rectores Adolfo Pontigo Loyola, porque siguen sin aclarar mil 300 millones de recursos federales de su gestión en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), según un informe la Auditoria Superior de la Federación (ASF) del Congreso de la Unión.
Su antecesor Humberto Veras Godoy, porque no terminan las acciones legales de su intento con Gerardo S. C. y otros universitarios de apoderarse ilegalmente de 50 hectáreas de viñedos del Ejido Emiliano Zapata en Ensenada, Baja California en 2019, con la complicidad del funcionario del Registro Agrario Nacional (RAN) Eduardo Cota Osuna y; Damián Sosa Castelán, que se amparo antes de iniciar campaña al Senado porque es investigado como parte del proceso que enfrenta su hermano mayor y jefe del clan.
Ubican al alcalde con licencia de Progreso de Obregón Armando M. O. de perseguido político, tras ser detenido por la denuncia de la Auditoria Superior del Estado de Hidalgo (ASEH) por no comprobar de su cuenta pública 2022 la cantidad de 5.7 millones de pesos y antes el comisario político del PT Javier Vázquez intentó que se liberara al diputado local Edgar H. D. a quien en su domicilio le encontraron drogas y armas.
Así ha caminado este clan porril durante 42 años, cínicamente diría Alfredo Rivera, cuyo abusos y excesos están plasmados desde hace 20 años en el libro La Sosa Nostra y, sin escrúpulos se convirtieron en los reyes de la transformación, porque sin principios, solo con el objetivo de acumular poder e impunidad se han transformado para transitar en siete diferentes partidos políticos.
