Juan Manuel Pérez.- En el informe anual de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), el Centro de Reinserción Social (Cereso) del municipio de Apan es el que concentra el mayor número de deficiencias en la atención y condiciones de las personas privadas de la libertad (PPL).
Asimismo, se detectó al menos un intento de suicidio al interior de las barandillas municipales durante 2025, así como diversas deficiencias en la operación y condiciones de este espacio de detención preventiva, de acuerdo con el Informe Anual sobre Áreas de Detención Municipal.
El organismo defensor señaló que el caso ocurrió mientras una persona se encontraba privada de su libertad, lo que evidenció fallas en los mecanismos de prevención, vigilancia y atención integral dentro de las instalaciones municipales.
El organismo identificó múltiples “focos rojos” en este centro penitenciario, entre ellos la falta de personal, pues actualmente el Cereso cuenta únicamente con nueve trabajadores, dos mujeres y siete hombres, de los cuales dos son adultos mayores, para atender a una población de 175 personas privadas de la libertad.
Otra de las principales problemáticas es la carencia de celdas individuales. En algunos espacios, hasta dos o tres personas comparten una sola cama. Ante la insuficiencia de colchones, algunas PPL se ven obligadas a dormir sobre cartón o colchonetas; incluso, áreas destinadas a otros fines, como la cocina y la biblioteca, son utilizadas como dormitorios.
La falta de espacio ha derivado también en la proliferación de plagas como chinches y pulgas, situación que representa un riesgo sanitario y favorece la propagación de enfermedades.
Si bien el centro cuenta con una cocina equipada, la CDHEH señaló que los utensilios son insuficientes y, debido al hacinamiento, en ocasiones se utilizan las celdas o el patio para la preparación de los alimentos diarios.
Las áreas destinadas a las visitas también presentan deficiencias. El informe detalla que el Cereso comparte infraestructura con el ayuntamiento, y entre 70 y 100 personas acuden en días de visita, para lo cual solo se dispone de dos locutorios, lo que afecta principalmente a niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, se detectó la ausencia de equipo de videovigilancia y de personal especializado para su operación. Aunque el centro ofrece servicios de salud, estos se brindan de manera improvisada. En cuanto a la venta de productos al interior del penal, la actividad está concentrada en una sola persona que, según testimonios, lleva años a cargo, lo que impide que otras PPL puedan beneficiarse económicamente.
Finalmente, personas privadas de la libertad denunciaron presuntos actos de trato preferencial hacia internos con mayor poder adquisitivo, privilegios que, aseguran, se reflejan en la actuación del personal de seguridad.