Alberto Witvrun.- Sorprendió a casi todo el mundo la irrupción en la comparecencia del responsable de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) Francisco Fernández
Hasbun de una mujer que dijo llamarse Dulce Olguín, para reclamar justicia para su
hermano asesinado el 17 de noviembre, la judicialización de un caso de violencia vicaria y
una supuesta manipulación en un proceso de custodia de una menor.
Nadie sabe como pudo pasar los filtros para visitantes al Congreso del Estado, subir por
elevadores, bajar por escaleras llegar a la sala de prensa, preguntar a un par de reporteros
gráficos “donde era la reunión” e ingresar a la sesión para arrebatar el micrófono y hacer
sus reclamos, tuteando a Fernández Hasbun y acusando que el cargo lo debe desempeñar
un hidalguense.
Nadie le puede quietar su derecho a exigir justicia, pero indagando, se conoce que existe
una orden de aprehensión contra el presunto homicida con fecha 19 de noviembre, es
decir dos días después de cometido el delito y en el caso de la custodia de su hija, es un
caso resuelto en el DIFH y en un juicio civil en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de
Hidalgo (TSJEH), que no es de la competencia de la PGJEH.
Desde luego que este incidente no demerita los logros y avances en materia de
procuración de justicia ni exhibe yerros en la misma materia, pero se debe investigar y
poner atención por lo fácil que fue para esta persona llegar a la sala de sesiones, tomar el
micrófono sin que nadie interviniera, porque evidencia fallas en la seguridad del Congreso
local y en la personal de Fernández Hasbun.}
Por como se sucedieron las cosas, no puede descartarse la posibilidad de un trasfondo
político por aquello de que el encargo debe ser para un hidalguenses.
