Jocelyn Andrade.- El revisar declaraciones patrimoniales de servidores públicos quedó abierta por la Contraloría estatal, informó el gobernador Julio Menchaca Salazar al referirse a la adquisición de un departamento por parte del Oficial Mayor del gobierno de Hidalgo.
Cualquier procedimiento depende de una denuncia o de inconsistencias detectadas en la información patrimonial; pero la compra del inmueble, valuado en 3.8 millones de pesos, cuenta con documentación respaldada mediante un crédito hipotecario, por lo que, desde su perspectiva, no existe un conflicto de interés derivado de la operación realizada con un empresario que mantiene contratos con la administración estatal.
Manifestó que la Contraloría cuenta con facultades para efectuar verificaciones cuando alguna persona presenta una denuncia o cuando los datos contenidos en las declaraciones patrimoniales no coinciden con los ingresos reportados; agregó que el titular de esa dependencia contempla revisiones relacionadas con este tipo de casos, aunque desconocía si el asunto mencionado forma parte de esos análisis.
Subrayó que las observaciones patrimoniales deben sustentarse en elementos objetivos, especialmente cuando los bienes adquiridos superan la capacidad económica declarada por un funcionario y las investigaciones proceden cuando existe una diferencia entre los ingresos registrados y el valor de los bienes o recursos reportados.
Asimismo, señaló que la administración estatal mantiene vigilancia sobre las percepciones de funcionarios y organismos públicos, con el propósito de verificar el cumplimiento de las disposiciones legales en materia salarial.
Ningún servidor público puede percibir ingresos superiores a los establecidos por la ley y llamó a evitar compensaciones que alteren los montos reportados oficialmente y en ese contexto, mencionó que persisten revisiones sobre pagos y prestaciones en organismos como el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH)