Erick Morales.- Enviar a consulta ciudadana la decisión de cancelar o mantener las corridas de toros de Hidalgo no representará un costo político electoral para Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) a un año de los comicios para renovar ayuntamientos y Congreso local, además de las siete diputaciones federales, sostuvo el presidente de la Junta de Gobierno de la 66 Legislatura y coordinador de la fracción parlamentaria morenista, Andrés Velázquez Vzáquez.
Tras la aprobación del acuerdo impulsado por una mayoría legislativa, luego de la controversia que desató la iniciativa del diputado Avelino Tovar Iglesias del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) para prohibir las corridas de toros que encontró apoyo en grupos ambientalistas, pero férrea oposición en grupos y sectores que gustan de la tauromaquia, se desató una polémica que incluyó a la Cámara de Diputados.
Para Velázquez Vázquez, la ciudadanía entiende la decisión de llevar el tema a consulta popular debido a la polémica que genera el debate sobre la tauromaquia. “Las personas saben que es un tema álgido y polémico”, señaló.
El legislador morenista defendió el ejercicio aprobado por 20 diputados y afirmó que durante la discusión participaron todas las fuerzas políticas del Congreso, aunque el deputado Avelino Tovar, consideró inconstitucional enviar a consulta su iniciativa,
Andrés Velázquez añadió que cada bancada parlamentaria expuso sus argumentos dentro del marco legal y sostuvo que deben respetarse las distintas posturas y sobre las críticas de la diputada morenista Tania Meza Escorza, quien advirtió que el Congreso podría caer en el ridículo, Velázquez Vázquez, evitó profundizar. “Respeto mucho su posición”, respondió.
También rechazó que el dictamen incurra en inconstitucionalidad, pese a los señalamientos de colectivos animalistas y legisladores que consideran improcedente consultar derechos vinculados al bienestar animal y al medio ambiente que ya considera la Constitución General de la República.
Sobre las advertencias de impugnación ante tribunales, indicó que el Congreso local atenderá cualquier recurso legal que se presente. Mientras tanto, reconoció que todavía no existe una estimación del costo económico ni una fecha definida para la consulta e insistió en rechazar la posibilidad que esta controversia se refleje negativamente en las urnas electorales en las elecciones del 2027, “no tendremos costo político” remató.
