Jesús Castillo.- Las empresas de autofinanciamiento operan en su mayoría bajo esquemas fraudulentos, lo que las convierte en uno de los focos rojos que requieren mayor atención institucional, advirtió Navor Rojas Mancera, antes de dejar la Oficina de Defensa del Consumidor (Odeco), delegación de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
El exfuncionario explicó que, aunque la labor principal de la Profeco es privilegiar la conciliación, el proceso suele frustrarse debido a que estas compañías desaparecen antes de que concluyan las investigaciones.
Detalló que al acudir a notificar sobre las quejas, el personal de la dependencia frecuentemente encontraba las oficinas vacías o fuera de operación en los domicilios registrados, lo que obligaba a canalizar la defensa de los afectados a través de vías estrictamente legales.
Ante este escenario, Rojas Mancera agradeció la colaboración de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, instancia que ha asumido el seguimiento de diversos expedientes una vez que las irregularidades logran tipificarse formalmente como el delito de fraude.
Durante su gestión al frente de la Odeco, el organismo recibió aproximadamente 80 quejas relacionadas con este sector, de las cuales únicamente ocho alcanzaron una conciliación satisfactoria.
Asimismo, la dependencia logró notificar a cerca de 30 empresas de autofinanciamiento; sin embargo, el seguimiento se complicaba drásticamente debido a que muchas de ellas cerraban sus puertas apenas un día después de recibir el documento oficial.
El extitular de la dependencia advirtió que los indicios de engaño suelen estar visibles desde el propio contrato de adhesión, el cual comúnmente incluye cláusulas leoninas que ponen en total desventaja al usuario.
En ese sentido, lamentó que una gran parte del problema radique en que los clientes firman estos compromisos sin revisar las condiciones detalladamente, haciendo un enérgico llamado a la ciudadanía a leer minuciosamente cada documento y buscar asesoría legal previa.
Finalmente, subrayó que esta problemática no es exclusiva de la entidad, sino que forma parte de un fenómeno que se replica a nivel nacional, donde cada vez más empresas clonan estos modelos para captar recursos de manera ilícita, lo que ha detonado un repunte de denuncias en diversas regiones del país.