Miguel Á. Martínez. Tula de Allende.- La mañana de este viernes, el alcalde de Tula, Cristhian Evanivaldo Martínez Reséndiz, tomó protesta a Julio César García Hernández como contralor interno del municipio para el periodo 2024-2028, designio avalado por la mayoría de Morena en la Asamblea municipal, pese a que la fracción independiente en el ayuntamiento expuso evidencias de su ilegalidad.
La anuencia para la validación del nuevo titular del órgano de control interno, que previamente había sido analizada por una comisión especial para tal efecto dentro de la Asamblea, se dio por mayoría con 13 votos a favor (todos de Morena y sus aliados de Nueva Alianza), con tres abstenciones y cuatro ausencias.
En voz informativa, el secretario general José Antonio Vargas Olmedo señaló que a la comisión respectiva llegaron once solicitudes de interesados a ocupar el cargo en la Contraloría, dos de los cuales fueron desechados por no cumplir con los requisitos, dos calificaron y siete tuvieron fallas leves, pero se les dijo que tenían posibilidad de subsanar; sin embargo, no se les dio tiempo para tal efecto.
Respecto al nombramiento de García Hernández, la oposición representada por la fracción independiente en el Cabildo dijo en voz de la regidora Ivonne Ponce Sobrevilla que resultaba ilegal, pues el ahora funcionario había estado afiliado a un partido (PRI) hasta el pasado 9 de octubre, además de fungir como representante legal del Ejecutivo tulense en el pasado proceso electoral.
“Esto es ilegal porque se supone que el contralor no debe tener ningún nexo con el presidente municipal en turno, además, no debe tener vida partidista en ningún ente político durante al menos un año anterior al nombramiento”, subrayó.
Asimismo, denunció que a su compañera de fracción, la síndica jurídica Irma Serrano Pérez, que formó parte de la comisión de elección para el contralor, no se le habían entregado los anexos correspondientes para la selección del perfil.
Agregó que a algunos sí les entregaron alguna información, pero lo hicieron a dos o tres minutos de definir quién sería elegido contralor.
Por su cuenta, la regidora del PT Karina Chiapa Mendoza alertó a sus compañeros acerca de que, en caso de aprobar el nombramiento ilegal del contralor, todos los integrantes de la Asamblea que dieran su anuencia podrían ser objeto de responsabilidades y sanciones administrativas por violentar la ley.
