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    Estás leyendo:Home»Deslinde»*A ver si aprenden, 36 ejemplos

    *A ver si aprenden, 36 ejemplos

    30 octubre, 2024 Deslinde
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    Alberto Witvrun.- Culminados los procesos entrega recepción en los 83 ayuntamientos y a casi dos meses de iniciar los nuevos gobiernos municipales, el recuento de los daños de las que concluyeron, deja un antecedente y experiencias para los presidentes municipales, que desde ahora deben ahorrarse problemas solo con ver los ejemplos que les dejaron sus antecesores porque 36 enfrentan y enfrentarán procesos penales.
    Las cifras son contundentes 10 alcaldes recibieron ordenes de aprehensión por la llamada Estafa Siniestra descubierta al inicio de este gobierno estatal, porque desviaron recursos a través de un esquema de Empresas Facturadoras de Operaciones Simuladas (EFOS) cuya investigación no termina porque se sigue investigando la ruta que siguió el dinero.
    Existen otros cuatro casos donde los alcaldes enfrentan problemas legales por diversos delitos en el ejercicio de sus funciones de estos casos destacan los de Progreso de Obregón y Tizayuca, pero sus homólogos del último periodo constitucional de cuatro años, no aprendieron en cabeza ajena y creyeron que se iba a interrumpir la lucha contra la corrupción, pero no.
    Así que actualmente existen procesos o están por abrirse las carpetas de investigación en la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) en 17 ayuntamientos por corruptelas descubiertas en los procesos de entrega recepción de la obra pública por no cumplir con la normativa o especificaciones técnicas, que pudieran aumentar si se siguen descubriendo abusos en los restantes 48 municipios.
    A estas deben agregarse irregularidades administrativas en cinco ayuntamientos como la entrega de bonos indebidos; en suma 36 de 84 presidentes municipales con procesos legales debido a diversas manifestaciones de corrupción, un alto porcentaje, lo que debe hacer reflexionar a quienes le sucedieron en los ejecutivos municipales de los cuales 42 tienen la doble obligación de responder al cambio de régimen.

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