Alberto Witvrun.- Quien crea que la detención de Héctor Guillermo Álvarez Cuevas pondrá fin al conflicto
por el control de la Sociedad Cooperativa de Cemento Portland La Cruz Azul, se equivoca,
por el contrario, se radicalizará más, mientras los tribunales no decidan plenamente quien
de los grupos tiene la razón legal y se puede avizorar que la amenaza de suspender
salarios a 2 mil 812 trabajadores no doblegará al grupo que encabeza Federico Sarabia
Pozo.
En este conflicto que se prolongó ya seis años existen claro oscuros de ambas partes
porque en 2018 Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez, fueron
electos presidentes de los consejos de administración y vigilancia, pero meses después
sucedió lo mismo con Sarabia Pozo y Alberto López en una asamblea callejera en la que
participaron más de 500 socios cooperativistas de los poco más de 700 con derechos.
Y la asamblea general de acuerdo a la Ley de Cooperativas es la máxima autoridad de una
empresa social, pero a partir de estos hechos se desataron demandas, recursos y
controversias en los tribunales que Velázquez y Marín aseguran les dan legalidad a sus
funciones, pero se mantienen la dudas sobre ello, mientras Sarabia Pozo se mantiene
firme en que hay maniobras legaloides e incluso compra de jueces.
A lo largo del conflicto se han registrado una decena de muertes, dos simpatizantes de
Sarabia Pozo uno en la Ciudad de México, fue asesinado de un balazo y otro fue
atropellado durante un enfrentamiento de Lagunas, Oaxaca y en Tula los muertos suman
nueve en las intentonas de grupos de choque de recuperar la planta de los que se han
deslindado Velázquez y Marín.
También se ha acusado la intervención de quien fuera el coordinador jurídico de
Presidencia con Andrés Manuel López Obrador, Julio Scherer Ibarra y de Eduardo Osorio
Chong hermano del ex secretario de Gobernación, lo que ha contaminado este conflicto
en el que los gobiernos estatales se han deslindado bajo el argumento que es un problema
entre particulares.
Lo cierto es que el punto final requiere de voluntad y decisión política presidencial, y el
método para resolverlo sería la celebración de una asamblea general de los 715 socios
cooperativistas, que son los que tienen que definir el destino de esta icónica empresa
cooperativa-
