Alberto Witvrun.- Desde que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Santiago Nieto Castillo empezó a investigar los manejos financieros de Guillermo Álvarez Cuevas en la Sociedad Cooperativa de Cemento Portland La Cruz Azul y se conoció la cercanía de Víctor Manuel Velázquez Rangel y José Antonio Marín Gutiérrez con el entonces todo poderoso coordinador jurídico de la presidencia de la República Julio Scherer Ibarra el conflicto en esta empresa social obedeció a la Ley del Péndulo.
La asamblea donde Velázquez y Marín fueron designados presidentes del Consejo de Administración y de la Comisión de Vigilancia, favoreció a estos, pero luego de la elección de Francisco Sarabia Pozo como presidente del Consejo de Administración y de Alberto López Morales, quien cedió a las presiones, regresaron las condiciones a este grupo, pero el manejo judicial volvió a cargar los dados a favor de los primeros.
En ese periodo Velázquez y Marín lograron el control de las plantas de Oaxaca, Puebla y Aguascalientes, además de las oficinas centrales y del equipo de fútbol profesional, parecía que lograrían apoderarse de todo, pero la salida de Scherer Ibarra de Palacio Nacional, se los complicó y el grupo de Sarabia Pozo, se atrincheró en Ciudad Cooperativa Cruz Azul, planta y complejo deportivo.
Tres intentos de asalto a las instalaciones fracasadas, corte de suministro eléctrico a la planta, no han podido doblar a los cooperativistas, que también enfrentan las alianzas políticas de Velázquez y Marín que lograron colar candidatos a diputados federales por el Partido del Trabajo (PT) a través del Clan Sosa Castelán, pero con el cambio de gobierno parece que el péndulo esta a favor de los “atrincherados”.
Por eso iniciaron otra demanda en contra de esta dupla por el desvío de 80 mil millones de pesos, despojo de las tres plantas y de las oficinas de Torres Adalid al sur de la Ciudad de México; y es que desde hace cinco años no han rendido cuentas a los más de 700 socios cooperativistas y no han convocado a una nueva asamblea, en suma, están sumidos en la ilegalidad, porque su gestión estatutariamente concluyó en agosto de 2020.
Otro factor es que con el nuevo gobierno todo indica que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya sin Manuel Barttlet Díaz al frente, no tendrá más que reconectar el servicio eléctrico a la planta Tula, además de que han retenido salarios y participaciones a los cooperativistas como forma de presión para doblarlos, incurriendo en otra ilegalidad así el péndulo parece estar del otro lado de donde estuvo hace seis años.
