Juan Manuel Pérez.- Trabajadores, administrativos y familiares de Cooperativa La Cruz Azul, se apostaron en Plaza Juárez para demandar les sea devuelta la planta cementera ubicada en Tula de Allende.
Piden la salida del grupo de Federico Sarabia Pozo hartos de las tropelías cometidas y exigen que retiren a los grupos de choque que tienen en su poder la fábrica.
En tanto quienes tienen el control de la planta Tula, acusaron que hay trabajadores que fueron obligados a asistir y muchos participantes vienen de Oaxaca «contratados» para la marcha porque no laboran en La Cruz Azul.
Quienes respaldan a Federico Sarabia Pozo, mantienen el argumento de que jurídicamente les asiste la razón.
Por su parte José Antonio Marín Gutiérrez y Víctor Manuel Velázquez Rangel, aseguran que ellos legalmente son presidentes de los consejos de Vigilancia y Administración por eso mantienen la disputa por esta empresa social.
Este grupo emitió un comunicado en que da a conocer que las cuentas bancarias de la cementera y empresas filiales se encuentran inmovilizadas por la Fiscalía General del Estado de México.
Con el fin de evitar que se pueda dispersar en su beneficio el dinero que es de todos los socios cooperativistas y de sus familias.
El grupo que encabeza Sarabia Pozo, en respuesta al comunicado emitido por el grupo disidente, sostiene, que es falso que el juez Quincuagésimo Noveno de lo Civil, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCM), quien reconoció la validez de la Asamblea del 26 de agosto de 2020 en donde fue electo presidente del Consejo de Administración haya sido destituido y también que exista ilegalidad del convenio judicial elevado a cosa juzgada.
Refiere que dicha circunstancia se puso del conocimiento de la autoridad en el Juzgado Quincuagésimo Noveno de lo Civil, del TSJCM a través de un convenio judicial, declarado cosa juzgada y que en este momento se ejecuta la sentencia en todos sus términos para darle estricto cumplimiento.
Añade, que la sentencia se ejecutará aún y cuando el grupo de Velázquez y Marín siga utilizando al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a través de Raymundo Esteban Alor García, con juicios de Amparo improcedentes.
Que aseguran no logrará suspender la ejecución, por lo cual se restituirá el patrimonio a todos los socios cooperativistas y sus familias que la integran.
Se informó, asimismo, que las cuentas bancarias de la cooperativa y sus filiales están inmovilizadas por la Fiscalía General del Estado de México, a solicitud de Federico Sarabia como representante de la cooperativa.
“Para evitar que los ex socios del Consejo de Administración del 29 de septiembre de 2018, puedan dispersar en su beneficio el dinero que es de los socios cooperativistas y de sus familias”.
