Miguel Á. Martínez. Tula de Allende.- Fueron vinculados a proceso los diez detenidos por su presunta participación en los hechos de violencia que derivaron en la muerte de ocho personas y 9 lesionados el pasado 27 de abril durante el asalto de un grupo de choque a las instalaciones de la cementera La Cruz Azul en Jasso.
Así lo determinó el juez de control David Antonio Trejo Castillo, quien también resolvió que durante los 180 días siguientes los probables responsables de los delitos de homicidio doloso, lesiones y daño en propiedad ajena con la atenuante de riña, permanecerán en prisión preventiva.
En audiencia que duró más de cuatro horas y media, el togado dio oportunidad a todas las partes procesales de exponer los argumentos para ser o no vinculados a proceso.
La defensa de los acusados, a cargo de los abogados particulares, Daryel Barona Bautista y Sergio Erick Torres Estrada, además de los defensores públicos Lucas Sánchez González y José Sánchez Crisóstomo argumentaron que los elementos de prueba ofrecidos por el ministerio público no eran suficientes ni concluyentes como para incriminar a sus clientes.
Además dijeron que los argumentos de la parte acusadora eran contradictorios. En este sentido, Barona Bautista, dijo que los tiempos en que la policía estatal había reportado la detención de nueve de las diez personas fue a las 7:03 horas del 27 de abril, siendo que de acuerdo al C5i, a los uniformados se les dio la orden de intervenir hasta las 7:10 de la mañana del mismo día.
Otra inconsistencia enlistada por el litigante fue que la mayoría de los asegurados por la estatal, no portaban playeras rojas ni negras como sugieren los señalamientos de los testigos, por lo que no podía tratarse de las mismas personas.
Erick Torres en tanto, indicó que, al momento de la aprehensión de los consignados, ninguno iba armado, contrario a lo que dicen los testimonios de los trabajadores de la cementera La Cruz Azul que testificaron, por lo que dijo que no había elementos para justificar la detención.
El defensor de oficio José Sánchez dijo que el ministerio público que había formulado la investigación no pretendía que se ejerciera acción penal contra los verdaderos responsables, sino que nada más buscaba quién se la pague.
Dijo que el funcionario de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), pretendía sorprender, engañar y abusar de la buena fe del togado, pues todos sus argumentos resultaban cuestionables y faltos de verdad.
Abundó que se tenían que presentar pruebas fidedignas que incriminaran a sus clientes y no solamente dichos subjetivos, porque hasta ese momento lo único que se demostraba con las supuestas pesquisas es que los diez asegurados sólo habían estado en el lugar y la hora equivocada el día de los acontecimientos.
No obstante, tras escuchar la réplica del ministerio público, el juez de control consideró que los elementos que le habían allegado hasta entonces, eran suficientes para dictar una resolución a la audiencia inicial, por lo que declaró un receso de cinco minutos para poder determinar la situación legal de los imputados.
Además, el togado desechó uno a uno los argumentos de la defensa, a los que consideró infundados.
Junto con el anuncio de la vinculación a proceso, Trejo Castillo informó que a los diez imputados se les suspendían sus derechos político – electorales.
Asimismo, concedió el plazo requerido por el ministerio público para el cierre de la investigación complementaria, el cual, dijo el encargado de las pesquisas, le servirán para localizar a otros testigos de los ataques que derivaron en la muerte de las muertes de seis personas que ya han sido reclamadas por sus familiares y dos que no han sido identificadas.
Agregó que también le permitirán allegarse de vídeos que le proporcione La Cruz Azul para identificar a nuevos participantes, para dar con los verdaderos responsables de los hechos violentos de la madrugada del 27 de abril.
Sostuvo que ninguno de los detenidos pudo acreditar que su estadía en Tula el día de los hechos se produjo por otras circunstancias ajenas al asalto de La Cruz Azul, tal como lo apuntó el juez de control asignado al caso.
Cabe recordar que, la madrugada del pasado 27 de abril, la planta cementera de La Cruz Azul, ubicada en Jasso, Tula, sufrió un ataque por parte de un grupo de choque proveniente del Estado de México, embestida que dejó un saldo de ocho personas fallecidas, once lesionados, diez personas detenidas y múltiples destrozos en la fábrica cementera, los cuales, hasta hoy la mantienen parada.
El pasado viernes a las 18:30 horas, el juez de control David Antonio Trejo Castillo ya había calificado la legalidad de la detención y formulado las imputaciones contra los asegurados, identificados como: Mitzi N, Cristian N, Óscar N, Daniel N, Ismael N, César N, Mario N, Martín N, Ian N y Gustavo N, a quienes se les juzgaría por los delitos de homicidio en riña, lesiones en riña y daño en propiedad ajena.
