Alberto Witvrun.-Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República disidencia en la Sociedad Cooperativa de Cemento Portland La Cruz Azul de Víctor Manuel Velázquez Rangel y Juan Antonio Marín Gutiérrez, pudieron asestar golpes letales al control de Guillermo “Billy” Álvarez Cuevas que ya tenía diferencias con su hermano Alfredo director comercial de la empresa social icono del cooperativismo.
Velázquez y Marín encontraron eco con el asesor jurídico de la Presidencia de la República Julio Scherer Ibarra, que respaldó la estrategia para que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigarán los millonarios desfalcos y evasión fiscal de Álvarez Cuevas, argumento jurídico para que esta dupla se apoderará de la administración de la cooperativa.
Pero el grupo de Francisco Sarabia Pozo y Alberto López Morales acusados de ser leales a “Billy” Álvarez, resistieron y lograron legitimar las asambleas en que fueron electos y ratificados como presidentes de las comisiones de Administración y Vigilancia, además de la resolución favorable del Quinto Tribunal Colegiado del Poder Judicial de la Federación que es inapelable.
La lucha por La Cruz Azul, se complicó con la intervención de Julio Scherer y aunque nadie lo señala directamente de Eduardo Osorio Chong, así como la de los abogados Guillermo Barradas, Roberto García y Santiago García de quienes han cobrado a Velázquez Rangel y Marín Gutiérrez no menos de 200 millones de pesos por sus servicios en una turbia relación.
En este marco se suscito el intento de un grupo de choque contratado para apoderarse de la planta Tula la madrugada del 27 de abril con saldo de 8 muertos, siete de ellos y un trabajador, táctica utilizada también para invadir las instalaciones de Torres Adalid en la Ciudad de México que tuvieron que ser devueltas legalmente al grupo de Sarabia y López.
Tras lo anterior la balanza parece inclinarse a favor de Sarabia y López en buena medida porque Velázquez y Marín perdieron el apoyo en Palacio Nacional y los políticos que les promovían empiezan a deslindarse; también hay quien reprueba a los dos grupos, pero no puede omitirse que una cooperativa se rige por la ley en la materia y, estatutos donde la máxima autoridad es la asamblea y en ella la mayoría manda.
Así el amparo logrado en el Juzgado XII de Distrito de la Ciudad de México ratificado por el Quinto Tribunal Colegiado del Poder Judicial, reconoce la legalidad de la asamblea del 26 de agosto de 2020, por consecuencia la de la asamblea general ordinaria del 19 de abril de este año, que dan personalidad jurídica a Sarabia y Pozo, que demostraron tener a su favor a la mayoría de socios legalmente reconocidos, aunque aún falta mucho por resolverse en tribunales, tal vez ya sin mano negra.