Alberto Witvrun._Se cumplieron dos años del homicidio del joven Gerardo Sosa Cravioto y un año de la detención de Fernando R. M. a quien se le sigue proceso como presunto responsable del ilícito, mismo tiempo que ante la inconsistencias en que se ha conducido que argumentan defensa y familia, lo consideran un preso político, chivo expiatorio de las autoridades de procuración de justicia.
La víctima, hijo del jefe del grupo que controla a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), politizó desde un principio el atentado, mucho se especuló si el objetivo era él o su tío Damián Sosa Castelán, que de acuerdo a las versiones iniciales, fue de los primeros en llegar al crucero donde fue interceptado Sosa Cravioto, que fue llevado aún con vida a recibir atención médica.
Se asegura que su padre pudo platicar con él; el vehículo en el que viajaba fue guardado en el rancho de la familia y solo días después tuvo acceso a él personal de servicios periciales y fue al cumplirse un año del atentado que la Policía de Investigación cateó la casa de Fernando R. M. y lo detuvo en medio de abusos y violaciones aseguran sus familiares, que insisten en que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEH), fábrica un culpable.
Hay también señalamientos en contra de la jueza, en suma los familiares y abogados sostienen que es un complot para entregar un culpable y “resolver” el crimen aunque represente una injusticia, porque sostienen hay pruebas que no quieren ser aceptadas que ubican a Fernando R. M. en otro lugar el día del homicidio, además de que acusan el arma localizada fue “sembrada” por los agentes policiales.
El proceso penal sigue y el movimiento en favor de Fernando R. M. continúa, organizaciones y ciudadanos se han unido y se solidarizan con la familia y advierten que llegaran a organismo internacionales de justicia y de derechos humanos para que se emprenda una investigación sobre las violaciones cometidas en perjuicio del acusado a quien califican de preso político y culpable fabricado.