Alberto Witvrun.-El 6 de agosto se cumplieron 15 años de que Gerardo Sosa Castelán inició una demanda por daño moral en contra del autor y el prologuista del libro La Sosa Nostra, en ella pedía indemnización, el retiro de la venta y destrucción de todos los ejemplares del trabajo de investigación académica sobre la historia del grupo que encabeza, que desde 1982 se apoderó de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH).
El libro relata con fechas y datos duros abusos, excesos y fechorías del grupo porril que llegó a controlar 15 presidencias municipales y tener dos diputados locales en los 80s; así que el poder político acumulado al amparo de los gobiernos priistas le permitió al ex diputado local y federal presionar jueces para salirse con la suya, todo a medias porque el libro de Alfredo Rivera prologado por +Miguel Ángel Granados Chapa sigue circulando y leyéndose.
Por este antecedente, resulta inverosímil que hoy dos miembros de ese grupo, los diputados locales Jorge Mayorga Olvera y Antonio Hernández Vera, se postulen como adalides de las libertades de prensa y expresión creando una comisión que atienda agresiones a periodistas, casos de los que afortunadamente en Hidalgo son contados, cuando lo que se requiere es que el Ejecutivo reglamente la ley vigente.
La Ley de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y de Salvaguarda de los Derechos para el Ejercicio del Periodismo, fue promulgada el 27 de agosto de 2012, Legislación que , tuvo previamente foros de consulta y el apoyo de expertos en materia de derechos del periodista, tanto que esta ley fue calificada como la más avanzada en su materia del país.
Los legisladores, seguro la desconocen y, en atención a la sociedad solo deberían hacer un llamado al Ejecutivo para reglamentarla, porque permitiría mejor ejercicio del periodismo y una sociedad más informada, extraña que argumenten que fue a solicitud de periodistas, cuando nadie puede adjudicarse la representación del gremio. Esta ley fue aprobada por 29 de 30 diputados de la 61 Legislatura local, la excepción fue el panista Prisco Manuel Gutiérrez que abandonó en el momento de la votación la sala de plenos del Congreso Local.
Así la acción de Mayorga Olvera y Hernández Vera, que impulsados por su jefe Gerardo Sosa aspiran a ser candidatos a presidentes municipales en Tepeapulco y Tulancingo, de crear una “comisión” para defender periodistas, con el antecedente del Caso Alfredo Rivera – Granados Chapa, suena más a oportunismo que a compromiso con libertades esenciales.