Alberto Witvrun.- A un año del homicidio del periodista Manuel Buendía, en mayo de 1985 el Revolucionario
Institucional (PRI) postuló a José Antonio Zorrilla candidato a diputado federal por el I
Distrito (Pachuca), antesala para buscar la candidatura en 1986 a gobernador de Hidalgo,
todo alineado para el ex director de la temible Dirección Federal de Seguridad (DFS).
Gobernaba Guillermo Rossell que cedió 15 ayuntamientos al grupo de Gerardo Sosa que
en 1982 se apoderó de la Universidad Autónoma de Hidalgo (UAH) y tenía el control del
Sindicato Burócrata que agrupaba a los tres poderes del estado y tenía ilegalmente
contrato colectivo de trabajo con derecho a huelga.
Mediante una maniobra el sindicato quedó registrado en el Apartado A y no en el B de la
Ley del Trabajo, con la protección del ex gobernador Jorge Rojo Lugo; ambicioso Gerardo
Sosa aprovechó la fuerza adquirida mediante el terror porril de la Federación de
Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH) para sacudirse la tutela rojolugista.
Así estableció alianza con el director de la DFS quien los financiaba y armó a la FEUH, con
pistolas y metralletas para atemorizar, lo que está plasmado en La Sosa Nostra de Alfredo
Rivera. En campaña Zorrilla renovó el menaje de casas de reporteros los llevaban a
bodegas en Tizayuca para que escogieran sus muebles y estableció exagerados convenios
con los medios.
Su seguridad a cargo de la FEUH de Zenaido Meneses, señal del acuerdo que los
universitarios presumían: Zorrilla sería diputado y luego gobernador y su jefe Sosa seguiría
sus pasos; todo fracasó, Zorrilla huyó a España acusado del homicidio de Buendía; el PRI
recurrió a Germán Coronal de Rosal para cubrir la candidatura y apagar el fuego.
En 1989, Zorrilla fue capturado y Sosa en riesgo de ir a la cárcel acusado de proteger a la
banda de El Edy capturada en Huejutla de la que formaba parte el hoy diputado Fortunato
González; que libró gracias a la intermediación de Mario Higland con su primo el
gobernador Adolfo Lugo. Hoy Zorrilla, cumplió su condena de 35 años decretada en 1993 y
Sosa espera sentencia por uso de recursos de procedencia ilícita y delincuencia
organizada; eso sí su grupo político sigue vigente ahora en Morena.
