Á. Martínez. Atotonilco de Tula.- El alcalde Jaime Ramírez Tovar lanzó un ultimátum hacia la Planta Tratadora de Aguas Negras de Atotonilco (PTAR), a sus administradores y al Gobierno Federal a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), exigiendo que el complejo de tratamiento cumpla con la normatividad para su presencia en el municipio o que se retire de la demarcación.
Explicó que los pobladores de las localidades próximas a la PTAR, como San José, San Antonio y El Portal están hartos de las molestias causadas por la infraestructura de Aguas Tratadas del Valle de México (ATVM), y, sobre todo de que desde hace años haya mesas de trabajo para solucionar los conflictos inherentes a su operación sin que hasta ahora se resuelva nada.
Los representantes de niveles de gobierno superiores, Conagua y ATVM, han mostrado falta de seriedad, voluntad y compromiso para remediar definitivamente los problemas de contaminación que vinieron con la Planta desde hace 15 años que llegó a Atotonilco.
Reprochó que de nada ha servido que gobierno tras gobierno y representante tras representante les atiendan a regañadientes si no se hace nada por solucionar de raíz los padecimientos que sufre la población, “es por eso que hoy les decimos, o cumplen con la ley o que se vayan”.
Cabe resaltar que, de lo que más se sufre en las poblaciones aledañas al complejo es de los malos olores generados por la instalación, que llegan a percibirse a más de 10 kilómetros a la redonda, aún en comunidades de Tepeji del Río y Tula.
Además, los vecinos de San José, San Antonio y El Portal son constantemente atacados por enjambres de moscas y otra fauna nociva que existe en las inmediaciones, como consecuencia de la contaminación de la PTAR. Animales de corral sufren de muertes derivado de la mordedura de los insectos e infecciones en las heridas.
En 2018, integrantes de la LXIX legislatura del Congreso local reconocieron la gravedad del tema, y fue Ricardo Baptista González, exdiputado por el distrito XIV de Tula, quien prometió que plantearía a la dependencia federal la reubicación de cerca de 500 viviendas de la zona, ya que era prácticamente inhabitable.