Manuel Castellanos.- En el combate a prácticas irregulares en la contratación y cumplimiento de obras y servicios del gobierno de Hidalgo, la Secretaría de Contraloría, canceló el registro de tres empresas en el Padrón de Proveedores y Contratistas con lo que suman cien suspendidas en lo que va de la actual administración.
Corporativo Jubai S. A. de C. V., Consultoría Dwart S. A. de C. V. y Creaciones y Espectáculos de México S. A. de C. V; que enfrentarán una suspensión de cinco años, impidiéndoles realizar contrataciones en territorio hidalguense hasta después del ejercicio 2028.
La decisión fue motivada por diversas irregularidades detectadas en los procesos de contratación, así como la revisión de expedientes empresariales, lo cual responde a la necesidad de salvaguardar la transparencia y legalidad en la administración pública.
En el caso de Corporativo Jubai se rescindió un contrato por 10 millones de pesos debido a incumplimientos en la prestación de Servicios de consultoría y Asesoría, solicitados por la Dirección General de Innovación Gubernamental y Mejora Regulatoria. Además, se detectaron coincidencias en el domicilio fiscal con la empresa Consultoría Dwart, ubicado en la colonia Granjas Ecatepec primera sección.
Esta última enfrenta la suspensión del registro por la rescisión de un contrato de aproximadamente 3 millones novecientos mil pesos, destinado a Servicios de informática (Desarrollo de una aplicación responsiva).»
Creaciones Espectáculos y Producciones de México fue beneficiaria de contratos por 157 millones durante el ejercicio 2022 que abarcaron diversas áreas, como suministro de medicinas, servicios de limpieza, arrendamiento de módulos temporales y otros conceptos, en los que se observan irregularidades y se incluyó en el registro de empresas sancionadas.
La Contraloría toma medidas adicionales, boletinando oficialmente a estas empresas a través de la publicación en el periódico oficial del estado y solicitando su incorporación en el registro de empresas sancionadas.
Estas acciones buscan prevenir futuras contrataciones por parte de dependencias, entidades paraestatales, municipios y organismos de origen estatal, garantizando así una gestión transparente y ética de los recursos públicos.