*Continúa la pugna por el control de la Sociedad Cooperativa
Ciudad de México/Tula de Allende. Manuel Castellanos.- La supuesta destitución de Guillermo Álvarez Cuevas como director general se la Sociedad Cooperativa de Cemento Portland La Cruz Azul, difundida por Héctor Lara y Jorge Cruz, no tiene sustento jurídico; por esa causa enfrentaran problemas legales al hacerse presentarse ante la autoridad como consejeros en funciones cuando la asamblea de septiembre de 2018 está en proceso de anulación.
Fuentes de la empresa social, explicaron que los consejeros tiene la prohibición de un juez para realizar gestiones o trámites con esa personalidad jurídica y la única autoridades para desconocer a Álvarez Cuevas es la asamblea general, esto después de que el sábado se difundió que por órdenes de un juez, se notificó que debía entregar toda la documentación y cuentas a Héctor Lara.
Se aseguró que no existe una orden jurídica y lo único que se pretende es engañar a los socios cooperativistas para crear desconcierto, al carecer de razón y de sustento para desacreditar la correcta dirección que tiene la empresa y que no conviene a los intereses de este grupo que han incurrido en diversas violaciones a la ley y a los estatutos que rigen la vida la sociedad cooperativa.
Mediante un comunicado se informa a los socios cooperativistas la maniobra de Héctor Lara y Jorge Cruz, que quieren hacer valer una supuesta reunión del Consejo de Administración, el 9 de mayo que se convocó el mismo día y la cual tuvo una duración de 45 minutos, a la que asistieron solo cuatro consejeros, que no tienen personalidad jurídica mediante la cual se pretende la sustitución de Guillermo Álvarez; porque tienen la prohibición de un juez de llevar a cabo cualquier actuación.
En suma continúa la pugna entre la expresión de cooperativistas que apoya a Guillermo Álvarez Cuevas y el grupo disidente que viene utilizando a un grupo de mujeres, esposas y familiares del grupo Lara – Cruz, para acusar irregularidades en el manejo de la empresa, en tanto estos son acusados de violar reglamentos y leyes para ocultar los ilícitos que han cometido.