Miguel Ángel Martínez. Tula de Allende. Sin avance permanece el resolutivo de la queja que el ayuntamiento de Tula interpuso ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) por el tema de los 763 colchones en mal estado que el gobierno municipal donó a afectados por la inundación del pasado septiembre en el centro y nueve localidades más de la demarcación.
Lo anterior fue informado por la síndica jurídica del ayuntamiento, Lilia Ibáñez Cornejo a integrantes de La Gran Asamblea de la inundación de septiembre de 2021, quienes acudieron a la alcaldía para cuestionarse sobre el proceso a la representante legal del municipio, ya que, supuestamente se ingresó desde febrero pasado, y sin embargo nada se ha dicho del tema en los últimos meses.
Los afectados pidieron que la anomalía no quede impune y que se actúe en contra de las empresas que vendieron los camastros en mal estado, además de todos los implicados en el tema, e insistieron en que no dan crédito al retraso.
Ante los reclamos, Ibáñez Cornejo dijo que la demora no es su culpa y que acelerar el paso no está en sus manos, sino en las de Profeco de la jurisdicción de Querétaro, instancia que ni siquiera les ha dado fecha tentativa de resolver, por lo que intuye que el tema todavía está en proceso de investigación.
Mariela Luna Paredes, de Unidos por Tula (UxT) que dio acompañamiento a los inconformes, dijo que la injusticia de haber entregado colchones contaminados con orina, sangre, heces fecales e insectos a los perjudicados de la inundación, no debía parar en un resolutivo ni en una penalización de orden mercantil, sino que había elementos como para actuar jurídicamente contra él o los responsables.