Erick Morales.- El Congreso local analizará una iniciativa para castigar con mayor severidad el delito de extorsión cuando afecte a personas dedicadas al comercio, la prestación de servicios, actividades productivas o transporte. La propuesta fue presentada por el legislador Juan Pablo Escalante Urban, presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transporte.
Escalante señaló que este delito genera afectaciones emocionales y económicas a las víctimas, quienes muchas veces enfrentan amenazas anónimas, cobros ilegales o engaños telefónicos. “Desde la tranquilidad del hogar, una llamada puede convertirse en una pesadilla: primero una voz amable, después insultos, gritos y amenazas de muerte”, expresó el legislador.
La iniciativa busca reformar la legislación estatal para que las penas por extorsión aumenten hasta en una mitad cuando se cometa contra personas que trabajen en sectores clave de la economía.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, Hidalgo registró un incremento del 7.7 % en casos de extorsión, lo que coloca al estado en el séptimo lugar nacional en incidencia de este delito.
La propuesta también considera que las formas de extorsión han evolucionado, desde el “derecho de piso” hasta amenazas virtuales, como la ciberextorsión. Por ello, el legislador llamó a tomar acciones firmes para frenar esta práctica que, dijo, afecta a agricultores, operadores de transporte, comerciantes y emprendedores, muchos de ellos víctimas silenciosas del crimen organizado.