Alberto Witvrun.- Cuando todo parecía que la integración de diez hospitales y más de 400 unidades médicas incluyendo centros de salud al sistema IMSS Bienestar era terso en Hidalgo, empiezan a
brotar conflictos lo mismo en la capital que en regiones estratégicas como Tula – Tepeji y
Huasteca que evidencian fallas en el servicio a la población y diferencias internas que se
disfrazan de inconformidades laborales.
En la Huasteca una treintena de comunidades de Huejutla de Reyes llegaron a amenazar
con sitiar la ciudad, si el delegado estatal Felipe Arreola Torres los volvía a dejar
“plantados” su exigencia es un mejor servicio y abasto suficiente de medicamentos y
materiales, el enojo era tanto que se tuvo que organizar una reunión amplia con los
secretarios de Gobierno y de Seguridad, además de los presidentes municipales de la
zona.
En Pachuca, en el centro de salud de Piracantos armaron una protesta en contra de la
subsecretaria de Prestación de Servicios de Salud, Georgina Romo Hernández, cuyo origen
real es la inconformidad de personal de IMSS Bienestar por la simple distribución de
cajones de estacionamiento, que fue realizada tras un diagnóstico de protección civil y
que determinó que los 86 cajones se distribuirían mitad y mitad.
Es decir que en algunas áreas ya con la playera del gobierno federal trabajadores y
funcionarios que antes dependían de la Secretaría de Salud de Hidalgo (SSH) exigen
prebendas sobre sus ex compañeros, aunque todos forman parte del Sector Salud y lo
importante es brindar un servicio eficiente, de calidad y humano a la población.
La pinza se cierra con lo que ocurre en el Hospital Regional Tula – Tepeji, donde el
personal denuncia desabasto de medicamentos y materiales, para ello se manifestaron,
eso sí, sin dejar de brindar atención a la población, tanto que mediante colocaban lonas y
mostraban cartulinas con sus demandas, se llevaban a cabo dos cirugías ya programadas.
En otras unidades médicas las condiciones no son mejores y algo tendrán que hacer que
mejore la atención médica para evitar conflictos laborales y la protesta de comunidades y
sociedad civil, antes de que el mal cunda y afecte el derecho a la salud de dos millones de
hidalguenses.
